El TC estudia el recurso de Ayuso por la placa en Sol como Lugar de Memoria

El Tribunal Constitucional estudia en su pleno de hoy si admite a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid contra el proyecto del Gobierno de declarar Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, que funcionó entre 1939 y 1975 como Dirección General de Seguridad (DGS) del régimen de Franco.

El Pleno de la corte de garantías decidirá estudiar el recurso del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso porque el caso tiene trascendencia constitucional.

Mayoría progresista

La ponencia de la magistrada conservadora Concepción Espejel plantea su admisión, pero está por ver si la mayoría progresista del Constitucional lo echa atrás.

Se trata de una idea que viene de atrás por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que abrió el pasado mes de octubre el expediente para declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática.

Se defiende el Gobierno de Ayuso con que este proyecto supone «una grave injerencia e intromisión» del Ejecutivo «en sus competencias de autoorganización, gestión de sus bienes demaniales y patrimoniales», así como en el derecho de propiedad de la Comunidad sobre este edificio.

A juicio del Gobierno regional, el intento del Ejecutivo de tratar de vincular la Real Casa de Correos con un periodo corto de su historia «es una auténtica barbaridad».

Autorización previa

En paralelo, la Asamblea regional aprobó en diciembre una ley que establece que la instalación de placas en la Real Casa de Correos «requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid», que no podrá autorizar ningún distintivo «incompatible con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia» o con la imagen institucional y significado actual de la sede de la Presidencia autonómica.

Pero el Gobierno sostiene que esa disposición es «inconstitucional e invade competencias estatales» al poner impedimentos a la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria.

Antes de acudir al Constitucional, el Gobierno envió a la Comunidad de Madrid una invitación a negociar, un mecanismo de diálogo para evitar el recurso de inconstitucionalidad, que fue rechazado por el Ejecutivo de Ayuso.

La intención era colocar una placa conmemorativa mientras se desarrolla el expediente de declaración de memoria, en la que se verá reflejado que el edificio fue lugar de represión y torturas durante el régimen de Franco.

Tras la negativa de la Comunidad de Madrid a llegar a un acuerdo para otorgar este reconocimiento, el Gobierno anunció que acudiría al Constitucional para culminar sus intenciones.

«No entiendo por qué se niega que sea un Lugar de Memoria un espacio que fue la Dirección General de Seguridad durante la dictadura, donde hubo represión, incluso muerte, a personas inocentes en el sentido de que defendían la libertad y la democracia y fueron torturadas por un sistema político totalitario», dijo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al que se dirigió por carta la propia Ayuso:«¿Por qué el Parlamento y los aeropuertos canarios, no, y la Real Casa de Correos, sí, ministro?», dijo en referencia a la Cámara autonómica, donde hubo consejos de guerra, y los aeródromos insulares de Gando y Los Rodeos, en cuyos terrenos se levantaron en 1937 sendos campos de concentración.

Desde la sede de Sol ya hubo quejas por una declaración que «invade las competencias exclusivas» de la Comunidad de Madrid, y avisos de que «no van a permitir» que el presidente del Gobierno «siga campando a sus anchas, colonizando todas las instituciones», ni que «imponga su visión sesgada y partidista de la realidad».

En el recurso, los letrados de la Comunidad solicitan además la suspensión cautelar del expediente administrativo de declaración mientras se tramite el conflicto de competencias para evitar los daños y perjuicios, «de imposible o muy difícil reparación», que consideran que se ocasionaría «si se llegara a aprobar antes de la resolución del recurso».

Desde el Gobierno de Ayuso se considera que un «periodo ínfimo» del pasado de la Real Casa de Correos «no puede transformar la verdadera significación histórica, simbólica y la repercusión que en la memoria colectiva ostenta este edificio».