La universidad vive un momento crucial. Está en juego su financiación y su futuro en un momento en el que no solo hay que aterrizar la ley de universidades estatal (LOSU) en materia económica (que aún está por ver cómo se hace), sino porque se está negociando la ley de universidades madrileña (LESUC) y la financiación es uno de los asuntos más espinosos.

Pero los rectores no quieren confrontaciones, sino acuerdos con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Quedó patente ayer con la puesta en escena que hicieron los rectores de las seis universidades públicas madrileñas en el Círculo de Bellas Artes, en el contexto de los Desayunos Alcalá, en presencia de representantes de la Administración central y autonómica (esta última con amplia representación) e incluso con la del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y la de Carlos Mayor Oreja, presidente del Consejo Social de la Universidad de Alcalá (UAH). Más bien tendieron la mano al Ejecutivo regional en su afán por alejar la polémica. Quedó claro cuando una de las rectoras más beligerantes, Amaya Mendikoetxea, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), puso sobre la mesa una advertencia clara: «Si optamos por la confrontación, el desprestigio y la desinversión progresiva, tendremos una universidad más débil y menos competitiva. La confrontación nos debilita, es el momento de abandonar los debates estériles». Aunque también reparó en las «notables diferencias territoriales» del sistema en cuanto al reparto de la carga financiera entre el Estado y las familias para acabar señalando a Madrid: «Es la comunidad que menos aporta por estudiante, alrededor de 5.000 euros, lo que obliga a las familias a realizar un mayor esfuerzo económico», denunció.

El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, (muy satisfecho por su desimputación en el caso «Begoña Gómez») vino a reforzar la idea apuntada por Mendikoetxea al rechazar con rotundidad los intentos de generar divisiones entre las universidades públicas y la Administración regional: «Se esfuerzan por demostrar que hay enfrentamientos entre los rectores y la Comunidad de Madrid, o con otros agentes que participan en la gestión universitaria. Pero no existe tal conflicto. Lo que hay es diálogo y voluntad de llegar a acuerdos», dijo tratando de despejar cualquier duda.

Lo urgente ahora para el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, es cerrar un marco de financiación con un modelo que permita afrontar los retos del futuro con garantías. De momento, ya se sabe que se tratará de un modelo plurianual, revisable cada cinco años con tres niveles de financiación: una básica, otra para necesidades singulares y una tercera opcional por la consecución de determinados objetivos. Saz aclaró que la financiación básica no está aún cuantificada: «falta decidir cómo se mide. Queremos negociar». Los rectores han remitido un documento a la Consejería de Educación Ciencia y Universidades aportando sus propuestas al borrador que se les ha presentado. Pero el rector tiene una estimación concreta: «Mi cálculo personal es que las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid necesitaríamos un 20% más de financiación básica para funcionar sin estrecheces. Eso equivale a unos 200 millones de euros adicionales». Dicho esto, «La universidad pública no puede seguir avanzando a base de incertidumbres. Necesitamos visión, compromiso y, sobre todo, voluntad de acuerdo», remarcó. Los seis representantes de las universidades públicas madrileñas reclamaron una financiación justa y duradera a la par que alertaron del deterioro del sistema por la falta de visión. Y en este punto fue muy claro el rector de la Carlos III (UC3M), Ángel Arias, quien advirtió que «lo que está en juego es el modelo de país para 2050 y la calidad de la democracia».

Resaltó su papel de ascensor social y de igualdad de oportunidades para cohesionar el país y puso el foco en el riesgo en que se encuentra la universidad pública. Por eso hizo una propuesta: «Lancemos un pacto de Estado desde las universidades de Madrid porque lo que está en juego es el futuro de la España del año 2050, la construcción de un modelo de país. Sin la universidad pública, la democracia tiene los días contados», dijo tajante.

Abraham Duarte, el nuevo rector de la Universidad Rey Juan Carlos, puso en valor la formación académica que ofrecen las universidades, que goza de un reconocimiento positivo entre la ciudadanía. Sin embargo, al referirse a la segunda gran función universitaria, la investigación, mostró preocupación por la falta de visibilidad y reconocimiento de la labor científica que se hace en los campus. Es en este punto en el que hizo un llamamiento a las instituciones públicas y a los medios de comunicación para que colaboren en la divulgación de la investigación universitaria. «Tenemos que visibilizar esa buena investigación que se hace en las universidades», subrayó, a la par que defendió la importancia de mantener el equilibrio entre la investigación básica y la aplicada.

Quien quiso fijar posición sobre el decreto del Gobierno de España que limita la creación de nuevas universidades privadas fue el rector de la Universidad Politécnica, Óscar García, que acaba de estrenar cargo. Lanzó una advertencia sobre los riesgos de un crecimiento descontrolado del sistema privado. «En nuestro caso no hay conflicto. Estamos centrados en lo que de verdad importa: la calidad y el futuro de nuestras universidades», afirmó. Pero se mostró especialmente preocupado por la proliferación de nuevos centros universitarios «que no siempre reúnen la calidad exigible», y subrayó la importancia de establecer mecanismos eficaces para medirla: «No estamos en contra de las universidades privadas, pero debemos garantizar que todas (públicas o privadas) respondan a los mismos estándares de excelencia. La calidad no puede ser una opción», dijo. Lamentó incluso que las universidades públicas no cuenten con los mismos medios que la privada: «Necesitamos que la Administración comprenda nuestras limitaciones y nos facilite herramientas para competir en igualdad de condiciones».

Quien hizo una semblanza de los retos futuros a los que se enfrenta la universidad del futuro fue el rector de Alcalá, José Vicente Saz. Destacó dos aspectos fundamentales: el cambio demográfico y el avance tecnológico. En este sentido, alertó de una disminución del 24% en el número de nacimientos en España entre 2014 y 2024, lo que inevitablemente se traducirá en una menor población universitaria en la próxima década. Sin embargo, contrapuso esta realidad con la longevidad creciente de la población: «Nuestros mayores, que antes se retiraban de la vida activa, ahora viven más, en mejor estado físico y mental, y siguen trabajando. Eso implica que también necesitan formación. Debemos dirigirnos a ellos». Así, apuntó a la internacionalización y a la formación permanente como claves para ampliar el espectro de estudiantes: «La universidad del futuro formará a personas desde los 17 años hasta que quieran, incluso después de la jubilación».

Autogobierno frente al «dirigismo»

►El Defensor del Pueblo y ex ministro de Educación, Ángel Gabilondo también lanzó durante, el encuentro algunos mensajes relacionados con la financiación universitaria aprovechando que se encontraban presentes miembros de la Administración autonómica. «No hay financiación inocente, siempre está vinculada a intereses» por lo que invitó a «repensar el concepto de rentabilidad» convencido de que, ante todo, se debe buscar la calidad. Pero también deslizó que «es muy importante que la Universidad reivindique con una contundencia cada vez mayor su autonomía y su capacidad de autogobierno frente al intervencionismo y al dirigismo».

Llamativo fue que Gabilondo reparara en la presencialidad como el mejor modelo posible en la universidad. Una idea que apoyó el rector de Alcalá frente al auge de las tecnologías: «La cercanía con el profesorado y con los investigadores es irremplazable. Un título universitario no puede obtenerse sin interacción humana», dijo, citando la experiencia de instituciones como Harvard.