«Se están colando por la galería que da al hotel», podía escucharse ayer en la comunicación por radio de uno de los vigilantes. Las primeras medidas efectivas para intentar reducir el sinhogarismo en el aeropuerto de Madrid-Barajas comenzaron en la pasada noche. Desde las 21:00 horas, y hasta las cinco de la madrugada, el personal de seguridad –en torno a una veintena de vigilantes– custodió cuatro accesos en la T4 y cinco en cada una de las terminales restantes (T1, T2 y T3). Las directrices: sólo podían acceder los viajeros, presentando su correspondiente tarjeta de embarque, sus familiares o acompañantes y el personal del aeropuerto. Y así fue. En la T4, el personal apostado en una de las pocas puertas accesibles pedía dicha documentación. Todo en un clima de colaboración, si bien algunos pasajeros, apurados por su vuelo, no esperaban ese control prematuro. «Muchos han decidido no salir del aeropuerto, o llegar antes de las 21:00 para no quedarse fuera», comentaban trabajadores de las instalaciones en relación a los sintecho. Lo cierto es que, en comparación con días anteriores, su presencia era menor. «Ayer había un centenar, hoy habrá unos cincuenta». Todos ellos en la misma zona: una galería en el entrepiso situado entre el Metro y la zona de embarque. Entre ellos, una mujer, que afirmaba vivir en Barajas desde hace mes y medio debido a un divorcio problemático y que no quería ir a ningún albergue porque desconfiaba de ellos. O Paco, vecino de Parla, pensionista, que aseguraba que nadie perteneciente a ningún servicio social se ha dirigido a él.

La medida fue criticada duramente, entre otros, por entidades de apoyo a personas sin hogar de Madrid, que lo consideran «una medida discriminatoria, muy poco efectiva» y que «criminaliza» a las más de 400 personas que pernoctan allí, informa Servimedia. Por su parte, desde el sindicato de seguridad privada Marea Negra, afirmaron a LA RAZÓN que «el ratio de vigilante por acceso es muy pequeño. Al tratarse de una zona pública tendría que ser Policía Nacional quien hiciera ese filtro. En este caso Aena se va a ahorrar costes y supone un grave riesgo sobre todo para los vigilantes».

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, redundaba ayer, en el Pleno celebrado en Cibeles, en un problema al cual el Ejecutivo central no hace alusión: el Ayuntamiento de Madrid no puede obligar a estas personas a abandonar el aeropuerto y acceder a los servicios sociales. «Hay 105 de las 400 personas que hay en ese aeropuerto que han sido ya contactadas, monitorizadas y seguidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y se les ha ofrecido alojamiento en servicios y recursos del Ayuntamiento de Madrid». Sin embargo, el regidor añadió que «un número bajísimo» de esas personas «han aceptado ir a recursos sociales del Ayuntamiento de Madrid». En todo caso, se confirmó que, finalmente, el alcalde se reunirá en la tarde de hoy con Aena.

Desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad que preside el concejal José Fernández, confirman a LA RAZÓN que, desde el pasado de enero, de las 105 personas atendidas por los Equipos de Calle municipales, un total de 14 han accedido a centros de acogida del Ayuntamiento de Madrid. «Con el resto, incluso con los que rechazan sistemáticamente acudir a nuestros recursos, seguimos atendiéndoles para ganarnos su confianza», añaden.

Desde el Área explican que el Ayuntamiento «no puede realizar un traslado forzoso» por varios motivos: «Por el principio de voluntariedad expuesto en la Ley 12/2022; porque carecería de base legal, ya que no existe normativa que autorice a los servicios sociales a retirar forzosamente a personas de espacios públicos; y porque invadiría competencias de orden público que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».