«Si, por el contrario, siguiera actuando al margen de los cauces legales, la Comunidad de Madrid ejercerá cuantas acciones legales resulten necesarias para defender sus competencias y el interés superior de los menores». Con estas líneas, terminan sendas cartas escritas por Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid a las ministras Sira Rego y Elma Saiz. Las misivas confirman así lo anunciado por Isabel Díaz Ayuso el pasado martes: la región plantará batalla jurídica al reparto de menores migrantes emprendido por Pedro Sánchez, que prevé la llegada a la región de 400 jóvenes.

«Lejos de ejercer un papel útil de coordinación, su ministerio ha impuesto una forma de actuar basada en filtraciones, decisiones unilaterales y desprecio absoluto a las comunidades autónomas, especialmente a la Comunidad de Madrid», escribe Dávila a Rego, ministra de Juventud e Infancia, a la que afea su «desprecio absoluto a las comunidades autónomas, especialmente» a la de Madrid. «Las conferencias sectoriales se han vaciado de contenido, nos enteramos de las convocatorias por la prensa, se nos oculta información esencial, y se nos remite la documentación con apenas unas horas de antelación», añade.

La consejera le recuerda que el caso más flagrante es la llegada de esos 400 menores procedentes de Canarias «sin comunicación oficial alguna por parte del Gobierno de España. Todo apunta a que se pretende utilizar el centro estatal Creade de Pozuelo para este fin, sin confirmar su adecuación, sin personal especializado, sin garantías jurídicas, y sin respetar las competencias de la Comunidad de Madrid, que es la autoridad legalmente responsable de la protección de los menores en su territorio».

Esa decisión, afirma el Gobierno madrileño, «exige por imperativo legal un proceso en el que se debe emitir una solicitud y recabar la aceptación expresa de la comunidad receptora del menor». Un procedimiento que «resulta aplicable aunque se trate de menores solicitantes de asilo, y aunque se pretenda trasladarlos a un centro de titularidad estatal, pues como ha recordado recientemente el Tribunal Supremo, la solicitud de asilo implica la convergencia de competencias autonómicas y estatales». En resumen, «su obligación es apoyar a Canarias con medios materiales y humanos, no derivar el problema a otros».

Del mismo modo, le achaca el «reparto arbitrario» que su Ministerio «pretende imponer a las comunidades, excluyendo deliberadamente a Cataluña y País Vasco. No por motivos técnicos, sino para satisfacer a los partidos nacionalistas cuyos votos necesita su Gobierno. Una decisión sin justificación, comunicada de forma encubierta un viernes por la tarde, y que ya ha sido impugnada por once comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias y vulneración de la igualdad entre territorios».

«Ministra, no hay peor forma de corrupción que instrumentalizar a los menores para sostenerse en el poder. Eso es exactamente lo que están haciendo», concluye.