España no recicla más del 50% de sus basuras

La tragedia sucedida en el vertedero de Zaldíbar (Vizcaya) ha traído el tema de la gestión de residuos a la primera plana. Desde el derrumbe de la escombrera el 6 de febrero se está buscando a los dos trabajadores desaparecidos. Mientras, sigue la preocupación por los lixiviados o dónde se llevarán los residuos industriales aquí almacenados. El tema de los residuos se ha colado, incluso, en los discursos de las elecciones autonómicas vascas. Dos de las mantras que más se repiten son el de aumentar las tasas por vertido o mejorar los controles en estas instalaciones. “Esta situación puede volver a pasar, porque no hay suficientes controles en los vertederos y menos en los vertidos industriales. Aquí ha habido muchas irregularidades. Primero, el vertedero estaba colocado en la ladera de una montaña con pendientes de hasta 45”. La gestión de la empresa privada también ha sido nefasta. Admitían una cantidad brutal de residuos; muy por encima de lo que tenían autorizado. Por otro lado, “es cierto que los restos de amianto pueden entrar en vertederos industriales según la Directiva Europea de Residuos, pero tienen que estar separados y aislados en celdas estancas, algo que no ocurría. También había materia orgánica. En la inspección de 2019 hubo, según el Gobierno Vasco, hasta 23 incumplimientos y en 2016 ya hubo un movimiento lateral”, explica Carlos Arribas, coordinador del área de Residuos de Ecologistas en Acción.

La pregunta tras casos como este es inevitable ¿Son seguros los vertederos en España? Para empezar, hay que ver cuántos hay y qué almacenan. “Según el Real Decreto 1481/2001 (que transpone la Directiva 1999/31/CE), los vertederos se dividen en 3 categorías: los de residuos peligrosos, de los que hay 18. Los de residuos no peligrosos, que son 208 (116 son los de residuos urbanos municipales) y vertederos de residuos inertes (de demolición y construcción) que son 208”, explican desde el Ministerio de Transición Ecológica. Los datos son de 2015 y son los que se han remitido a la Comisión Europea. Y aquí está el primer punto clave para entender el complejo sector de la gestión de residuos. “El Gobierno está trabajando con las CC AA para armonizar los datos de residuos y vertederos en un registro único y compartido, pero son las comunidades las que disponen de registros sobre autorizaciones y los gestores autorizados”, dice el Miteco. ¿Por qué un registro único? Porque “no todas las administraciones autonómicas recogen los datos con la misma metodología y profusión. Además, no existe legalmente la obligación de remitir al Gobierno estos datos”, explica en un texto Europa Press.

Hace unos días, el Miteco publicaba la memoria Anual de Generación y Gestión de Residuos de Competencia Municipal donde se afirma que los municipios gestionaron 22 millones de toneladas de basura en 2017. De estos más de la mitad (12,2 millones) terminó en vertedero. Esta memoria solo incluye la información suministrada por las Comunidades Autónomas sobre las cantidades de residuos recogidos y tratados procedentes de los hogares y del sector servicios (comercios, oficinas e instituciones públicas o privadas), cuya gestión es asumida por las entidades locales. Sin embargo, no incluye los residuos comerciales gestionados por canales privados distintos al municipal, ni residuos procedentes de la industria. Un ejemplo de gestión privada de residuos industriales es el de Zaldíbar. Luis Palomino, secretario general de la Asociación de Residuos Especiales y Peligrosos (Asegre) afirma que “entre los peligros que se pueden dar es que se mezclen escombros con otras sustancias y en otras casos se tiren ilegalmente. Estas cosas se ven constantemente. Desde nuestro punto de vista para los residuos industriales lo mejor sería que se estableciera una responsabilidad compartida entre el productor y el gestor del residuo durante la cadena gestión. Ahora una industria que produce lo que un día será residuo cuando entrega el resto queda exento. Lo que pedimos es que se amplíe esta responsabilidad. Esto ya está en las Directivas europeas y lo aplican países como Francia y Holanda”, dice el técnico.

Arribas coincide en que es común que haya gestores, autorizados por las administraciones públicas, “que aun así comenten irregularidades porque faltan controles. Hay pocos inspectores. En País Vasco hay ocho personas para vigilar 300 instalaciones industriales, en Valencia hay cuatro para 435. Y suma y sigue. Donde más hay es en Cataluña, donde cuentan con unos 150. Al final cuando si una empresa privada lo hace mal, gana dinero igual, pero luego el Estado y los ciudadanos somos los que tenemos que asumir los costes cuando hay problemas. En Zaldíbar ahora hay que pagar los sellados, la búsqueda en helicóptero de las víctimas, el traslado de los residuos...”.

Julio Barea, responsable en agua y gestión de recursos hídricos de Greenpeace y experto en tratamiento de residuos tiene claro que este tipo de situaciones se volverán a repetir. “Ya los hemos visto en Seseña, en Coruña, en Canarias… Creemos quea muchos vertederos industriales llegan residuos urbanos y peligrosos. Luego están los ilegales de los que no sabemos ni el número… Y por otro lado, ¿alguien sabe cuántas balsas de residuos mineros hay en nuestro país? Los residuos urbanos están más o menos controlados, pero ¿y los industriales? Hay normativas a porrillo. Simplemente serviría con que se cumpliera, pero para esto la administración se tiene que implicar más”.

Otra de las conclusiones que se pueden extraer de las memorias oficiales es que España suspende de largo en temas de reciclado. “Hay una jerarquía de residuos que empieza con la prevención y la reutilización. Después vendría el reciclado, luego la valorización y por último la eliminación. Si el vertedero debería ser la última de las opciones, en España funcionamos justo al revés.”, afirma Eduardo Perero, técnico experto en residuos de la Fundación Conama. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de los que se hace eco Europa Press: “la economía española generó 131,1 millones de toneladas de residuos en 2017, un 2,3% más que en el año anterior. De esa cifra, la mayor parte (57,9%) llegó de la industria (31,12%) y la construcción (26,75%), y en un 53,9% de los casos fueron a parar a vertederos, frente a un 38,9% que se recicló”. Es decir, tiramos más de la mitad de la basura que generamos y estamos lejos de cumplir con las normativas europeas que pedían que al menos se reciclase un 50% de la producido en 2020. "En España no llegamos al 18%. Aunque los datos oficiales afirman que estamos en un 35%, esta cifra tiene trampa porque incluye la fracción orgánica como si se reciclara realmente, cuando a día de hoy acaba en vertedero. Eso desde noviembre de 2019 ya no se puede contar ahí. Estamos a 30 puntos de lo que pide Europa y ninguna CC AA se plantea en sus planes llegar a cifras similares antes de 2025”, dice Arribas.

Otro apunte interesante. En 2019 la Fiscalía de Medio Ambiente alertaba de que existen 118 vertederos que suponen un riesgo grave de incendio forestal en España, según explicaba Manuel Planelles en un reportaje en El País. “Se trata, por ejemplo, de instalaciones ubicadas en zonas forestales sensibles o que no están correctamente gestionadas. Andalucía es la comunidad autónoma que cuenta con un mayor número de instalaciones (44). Y solo Almería, la provincia que más tiene de toda España, acumula 30 vertederos con riesgo grave”.

Ahora mismo el gobierno está trabajando en un nuevo Real Decreto para regular la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Sería una actualización del Real Decreto 1481/2001. Como se decía al principio una de las medidas que debería plantearse esta nueva legislación, según los consultados, es “establecer una tasa al vertido. Reino Unido la tiene y para abril de 2020 alcanzará las 94 libras por tonelada. Aquí en España está entre 15 y 20 euros como mucho. La Comisión ya ha pedido a España que ponga una tasa unificada. Si esto fuera así se evitaría el transporte de residuos entre Comunidades Autónomas para que se tire allí donde es más barato”, dice Arribas. Palomino coincide: “que el principal criterio para gestionar el residuo sea el precio fomenta las malas prácticas. Alquilo un local; lo lleno de residuos por un precio atractivo, pero como no puedo gestionarlo, lo abandono y es la CC AA la que al final termina haciéndose cargo”.

Vertederos colmatados y vertidos ilegales

Lo que está pasando en la Comunidad de Madrid sirve para ilustrar que vamos justo en dirección opuesta a la que marca Europa. En este caso quiere que para 2035 sólo un 10% de los residuos que generan las ciudades acabe en vertedero y pide que se fomenten las políticas de Economía Circular. Sin embargo, en 2019 cerraba el vertedero de Alcalá de Henares porque ya no tenía más capacidad. Esos residuos de la Mancomunidad del Este están siendo absorbidos de momento por el vertedero del municipio, el de Valdemingómez. Otro de los vertederos de la región, el de Pinto se está ampliando y el de Colmenar Viejo ha visto extendida su vida útil hasta 2024.

Por otro lado, todo el tramo sur del Río Guadarrama se está convirtiendo en una zona de vertidos incontrolados. Sólo el año pasado, se retiraron residuos “de 28 puntos en la Zona de Dominio Público Hidráulico en los que la acumulación de los mismos afectaba a la dinámica fluvial del río y a sus condiciones ecológicas”, afirma la agencia Efe.