El sector de la construcción afronta la renovación energética

Se estima que en torno el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos, es decir, está mal aislado, no cuenta con instalaciones renovables y consume demasiado. Pero además más de la mitad de nuestro parque inmobiliario tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético.

Es cierto que desde 2013, los edificios tienen que contar con un certificado de consumo energético, como los electrodomésticos, que califican el ahorro con letras de la A a la G, siendo A el más eficiente. Pero también lo es que «la mayoría están por debajo de la D. Además, los certificados solo afectan a una parte del parque, porque cuando se crearon se especificó que solo debían contar con él aquellos edificios construidos después del Código Técnico de Edificación y, a partir de 2013, las casa que se pusieran a la venta o en alquiler. Respecto a los 15 millones de viviendas que hay en España representa un porcentaje pequeño», explica Dolores Huertas, directora general del Green Building Council España (GBCe). Por decirlo de forma más prosaica, una familia puede pagar hasta 1.000 euros anuales más en consumos en una casa poco eficiente.

Si la realidad ya estaba ahí, el confinamiento no ha hecho más que poner todavía más el foco a la necesidad de hogares confortables. En ellos pasamos cada vez más tiempo. La crisis económica que vive la eurozona como consecuencia del virus también está incentivando la rehabilitación como parte de los planes de recuperación económica, ya que se estima que este sector tiene capacidad de generar unos 15 empleos por cada millón de euros invertidos. De hecho, la Removation Wave es una de sus medidas estrella del Plan de Recuperación Next Generation de Europa. Con este plan se quiere renovar 35 millones de edificios para 2030 y reducir ese 30% aproximado de energía que consume el sector y de las emisión de gases de efecto invernadero derivadas. Esto supone duplicar la tasa de rehabilitaciones anual en el viejo continente.

En España es casi multiplicar por diez, dado que llevamos más retraso. «En países como Francia o Alemania desde hace años es una política de Estado, entre otras razones porque tienen peor clima y la rehabilitación les da grandes retornos económicos muy rápido. En España se rehabilitan 30.000 viviendas al año y encima falta información sobre el tipo de reformas que se emprenden», matiza Huertas.

FONDOS

El sector ve como una oportunidad la llegada de fondos europeos, que se calculan en unos 3.500 millones solo para rehabilitar (en 2021 llegarán unos 1.500 millones), pero falta saber, dicen, cómo se va articular todo esto porque el reto es espectacular. El objetivo en España lo marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece como objetivo para 2030 hacer eficientes 1.200.000 viviendas en España. El texto decía que se haría de forma progresiva hasta alcanzar las 300.000 casas anuaSe les. La Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), que ha visto la luz este verano, es la que marca el camino. Pero cuidado, porque por si fuera poco, el gobierno ha decidido adelantar los objetivos del PNIEC y quiere rehabilitar 500.000 viviendas desde 2021 a 2023 como parte de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Económica.

«Pensamos que existe una imposibilidad de alcanzar estas cifras sino hay mecanismos o líneas concretas de actuación. La parte técnica no es un problema, pero hay que ver la gestión pública y la tramitación para que no haya retrasos. También se necesita mecanismos de financiación público privado, primar y potenciar la apuesta por la eficiencia, más que multar o subvencionar», dice Carlos Ballesteros, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos.

La ERESEE establece cuatro ejes sobre los que se ha de actuar para cumplir con estos objetivos. El primero de ellos es la coordinación entre las diferentes administraciones porque el dinero lo repartirá el Estado, pero las competencias de edificación corresponden a las CC AA. Otro de los ejes es la financiación público privada. El tercero trata sobre la capacitación técnica del sector de la construcción, hasta ahora especializado en obra nueva y que ahora se topa con remodelaciones que son más complejas. Y ya por último, «destaco la comunicación porque las familias tienen que saber cómo emprender las reformas de su hogar y qué pueden hacer y con qué ayudas o formas de financiación cuentan. Y más se si trata de comunidades de vecinos donde consensuar las acciones lleva mucho tiempo. Si queremos llegar a ese ritmo de 500.000 en tres años, ya debería haber medio millón de familias informadas. Aquí hay un problema y es que una parte de toda la rehabilitación se va a financiar con los fondos europeos, otra parte sale del Fondo Nacional de Eficiencia Energética también estatal y otra que están buscando diferentes ayuntamientos a través, por ejemplo, del Banco Europeo de Inversiones para gestionarlos directamente», dice Dolores Huertas.

Este popurrí se traduce en que las familias para abordar una remodelación pueden encontrarse con hasta tres o cuatro líneas de financiación públicas o privadas (los bancos están ofertando productos nuevos como las llamadas hipotecas verdes). «Lo suyo sería que existiera una especie de ventanilla única en cada localidad. Esto es lo que debería generalizarse el próximo año», comenta la directora.

BANCOS VERDES

Otras de las propuestas que ha hecho el sector supone variar el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y transformarlo en una especie de banco verde. Este fondo se creó en 2014 y a él aportan las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo.

Otra pregunta es qué pasa con los certificados energéticos, una pieza clave del PNIEC, pero que parece que hasta ahora no ha servido de mucho para incentivar al mercado. «Es un instrumento devaluado porque no tiene la calidad que debería. Si se cumplimenta la información con el mínimo requerido por defecto no sirve par ver el estado real del parque inmobiliario. Por otro lado, debería tener un lenguaje más accesible para las familias y por último, como sucede en otros países, que se traduzca el carácter energético en el precio que cuesta calentarlo. Si una determinada certificación te va a suponer gastar 200 o 1.000 euros anualmente en calefacción. En ese caso, la gente preguntaría antes de adquirir una casa por los gastos energéticos como lo hace ahora por los de comunidad y podría apostar por los más eficientes. También es necesario que se multe, se hagan inspecciones y se aplique mano dura a aquellas inmobiliarias que pongan en sus anuncios que todavía están tramitándolos», dice Huertas.

«Los objetivos para 2020 establecían un 20% menos de emisiones respecto a 1990, aumentar la eficiencia energética un 20% y tener un 20% en renovables. España está en un 24,7% de eficiencia pero hemos subido en emisiones hasta un 15% con respecto a 1990. Esto se explica por la crisis económica anterior y la reducción de la demanda energética. Si las emisiones han subido significa que no somos más eficientes y que no hemos hecho los deberes. España ahora tiene que reducir sus emisiones un 21% más ese 15% que hemos aumentado y Europa lo primero que ha dejado claro es que no hay energía para todo», concluye Carlos Ballesteros.