el campo reclama inversión en obra hidráulica

No sé si somos conscientes de que lo que ha ocurrido en Valencia es la mayor catástrofe desde la guerra civil: un territorio donde viven 250.000 personas ha quedado literalmente planchado. El Mediterráneo tiene unas condiciones climatológicas que indican que vamos a seguir teniendo procesos similares. De hecho, Júcar en árabe significa el devastador, así que lo que ha ocurrido no es casualidad», comentaba Jesús Casas, presidente de la empresa pública Tragsa durante una jornada convocada estos días por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Bajo el nombre «causas, consecuencias y soluciones» se analizó la Dana de hace un mes, episodio para el que se estima un gasto de 2.600 millones de euros sólo en infraestructuras destruidas y gestión de residuos.

Otro de los ponentes, José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval (Organización patronal de constructores de obras de la Administración en la Comunidad Valenciana), hacía balance de la situación en la que está hoy la ciudad: «Queda por limpiar el 90% de las poblaciones y solo hemos intervenido en el 0,5% de las áreas industriales. Hay 30.000 hectáreas de cultivo desaparecidas; no existen caminos, acequias o almacenes de aperos; 4.500 empresas han desaparecido y se han perdido 30.000 puestos de trabajo. Hay 30.000 edificios afectados, que suponen 63.000 viviendas que hay que rehabilitar, y hemos perdido cementerios, bibliotecas, 47 colegios. Estamos hablando de unos 20.000 millones de inversión urgente. Si no recuerdo mal, en todo la serie histórica de inversión del Estado la más alta fue en el 2007-2008 con 27.000 millones. Es decir, hace falta toda la inversión del Estado en un año solo en Valencia».

Los ingenieros piden 42 actuaciones que van desde encauzamientos de barrancos, reforestación de cauces, construcción y reparación de embalses a ampliaciones en infraestructuras de desagüe, dragados selectivos de lagos, rediseño de vías férreas y autopistas y mejoras en las depuradoras. Además, reclaman que se retomen proyectos de presas como la del Marquesado, Buseo, Montesa, Sellent, Villamarchante y Cheste. Carmen de Andrés, presidenta del comité técnico de agua, energía y cambio climático del Colegio, afirmaba que «vivimos en un país con régimen hidrológico muy irregular con periodos frecuentes y recurrentes de sequías y de inundaciones. Estos fenómenos extremos no son nada nuevo. De hecho, el de inundación es el riesgo natural más importante en España. El gobierno tiene cuantificados en los últimos 500 años 2.450 inundaciones (eso son cinco por año). Además, cuantifica los daños en 800 millones de euros anuales. Sin embargo, tenemos que remontarnos a los años 90 y principios de los 2000 para ver inversión significativa en infraestructuras hidráulicas de almacenamiento, regulación y protección contra el riesgo de inundaciones. Después de la crisis del 2008 se pasó de una inversión en obra pública del 3,3% del PIB a un 1,3% del PIB en la década siguiente». La técnico también abría la posibilidad a que se apliquen todo tipo de soluciones, las de hormigón y las soluciones basadas en la naturaleza. «Será una combinación de ambas, pero desde luego lo que hace falta es un plan que defina medidas y que se implemente».

La petición de los ingenieros de caminos coincide con la que hiciera hace unos días la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) y lo que exigen varias organizaciones agrarias. Ninguno de ellos entiende por qué no se han acometido obras hidráulicas que, en algunos casos, estaban ya en los planes hidrológicos. Julián Núñez presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España (Seopan) comenta que «hemos enviado una propuesta al Gobierno la pasada semana en la que centrándonos solo en el Mediterráneo, porque es la mayor prioridad que tenemos en España por el tema de las inundaciones y el cambio climático, la inversión necesaria se reduciría a 4.242 millones de euros. Entre las actuaciones que habría que acometer, unas 64 representan aproximadamente 2.000 millones de euros. Pero hay más. Tenemos una presa, que es la presa de Montesa, en el río Cañones, que está prevista en el plan de gestión de inundaciones, pero no tiene fecha de ejecución. Anticipemos su ejecución. Además, tenemos cuatro estructuras de laminación que se han estudiado en los últimos 23 años. Alguna se llegó a adjudicar, como la presa de Villamarchante en el año 61, pero por la falta de recursos no se llegó a hacer. Retomemos esas infraestructuras». Otro ponente recordaba, además, que «a día de hoy solo están aprobados el 50% de los planes de emergencia de presas y solo un 10% de ellos está implantado».

Daños en campo

Algunas de las infraestructuras que faltan afectan directamente al campo. Fenacore cifraba la semana pasada en un informe unos 300 millones de pérdidas solo en sistemas de riego, hidrantes, cabezales. «Las acequias, que han ayudado a laminar la avenida, ahora están cubiertas de fango», dice Juan Valero, presidente de Fenacore para continuar explicando que «se han perdido viñedos, caquis, cítricos; se han inundado casas de guardas, centros de control, instalaciones eléctricas... El campo no funciona como otros negocios que están dejando de facturar. Se pierden años de inversión. Por ejemplo, en el cultivo de caquis, uno de los más dañados, los árboles tardan 5 años en ser productivos».

Su informe «Plan frente a Danas» recalca que sólo se han ejecutado tres de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, por lo que un 29,2% de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han construido, pese a haberse aprobado en los diferentes planes de cuenca y contar con sus informes preceptivos y piden que se inviertan 3.000 millones de euros. En concreto, urgen a construir las 27 presas aprobadas en los planes hidrológico y «que se haga un nuevo análisis coste-beneficio de las infraestructuras desestimadas. Si se tiene en cuenta el daño que ha provocado que lloviera en un rato lo que en todo un año, es posible que hubiera salido rentable invertir en esa infraestructura hidráulica no ejecutada», matiza Valero.

El informe también remarca la importancia del encauzamiento de ríos y barrancos para modificar el cauce natural y así poder controlar y dirigir el flujo del agua, generalmente con el objetivo de prevenir inundaciones, proteger infraestructuras cercanas o adaptar el río a necesidades específicas (como la navegación, el riego o el uso urbano del suelo). «El menos en el interior de las ciudades que haya canales encauzadas y muros de protección», dice Valero.

Preguntas aún sin respuesta

Por su parte, desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) valoran los daños al campo en 1.400 millones de euros y recuerdan que se ha perdido viñedo o caquis y que, además, inicia ahora la cosecha de naranja. Un momento en el que hay agricultores que ni siquiera pueden acceder a sus fincas. «No hay caminos, en muchos casos están destruidos o son intransitables. Además, las temperaturas estos días están llegando a los 21 grados por lo que es posible que se necesite riego, pero las infraestructuras hidráulicas están totalmente destruidas. El gobierno ha anunciado ayudas, parte a través de Agroseguros para las pérdidas, que están empezando a llegar, y parte a través de Tragsa, para reconstrucción y obras. También se anunció que se formaría una mesa, pero falta comunicación. Hay agricultores que tienen fruta para recolectar y no puede llegar el camión y no puedo decirles dónde tiene que llamar o preguntar yo en su nombre porque no hay con quién hablar. Hay preocupación también con la PAC porque muchos la solicitan y eso les compromete durante unos años a sembrar (más estando dentro de un parque natural). Algunos de ellos ven que e el año que viene igual no pueden cumplir y no podemos contestar les nada y eso genera mucha impotencia», comenta Jenaro Aviñón, director de AVA (Asociación Valenciana de Agricultores)-Asaja.