Esto es lo que opina la sociedad española de la transición ecológica

La transición ecológica o energéticaes uno de los principales retos transformadores a los que nos enfrentamos. Bajo este concepto se entiende que la lucha contra el cambio climático exige replantear nuestra formar de producir y consumir energía, lo que afecta a ámbitos como la agricultura, el transporte o la alimentación.

En este sentido, el sector público y las empresas energéticas están impulsando políticas climáticas y proyectos para realizar, gradualmente, este cambio. Sin embargo, no todas las personas en España perciben la transición ecológica de la misma forma ni tienen las mismas necesidades. Por ello, la transición debe ser justa, es decir, su impacto no debe generar desigualdades sino una contribución social positiva tanto en el mundo rural como en las ciudades.

Para conocer mejor qué piensa la sociedad española y así dar respuesta a estas cuestiones, la Fundación Cepsa ha lanzado el Observatorio de la Transición Justa junto a Red2Red, a través del cual ha publicado el informe "La percepción de la transición justa en España 2022-23", que explora la opinión española sobre la transición ecológica.

Diferencias entre comunidades autónomas

El estudio apunta que hay un amplio consenso social sobre la existencia del cambio climático. Un 85% de la población española considera que está ocurriendo con total seguridad. De hecho, para el 65% de los encuestados es un asunto prioritario, especialmente para las generaciones más jóvenes (72% de ellos).

Las diferencias son notables entre las distintas zonas de España. Las personas que habitan en grandes ciudades lo perciben como una prioridad en mayor medida que aquellos que viven en zonas rurales. Así, la Comunidad de Madrid es la que más confía en que la transición ecológica tendrá un impacto positivo en su entorno, con un 57,1% de las personas.

Le sigue la zona del Litoral Mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia), con un 56,5% de personas que cree en que la transición será positiva. En tercer lugar se encuentra Andalucía (55,3%), en cuarto las Islas Canarias y Baleares (54,2%), en quinto País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón (51,9%); en sexto la Cornisa Cantábrica, con Galicia, Asturias y Cantabria (44,5%) y, en el último puesto, el Centro peninsular, formado por Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura (42,2%).

El informe se basa en una encuesta representativa estadísticamente del conjunto de la población española, exceptuando Ceuta y Melilla, con 3.019 personas entrevistadas entre septiembre y octubre de 2022.

¿Vemos la transición energética como una oportunidad?

Una de las conclusiones clave del estudio es que, en general, "parece haber una falta de conocimiento sobre la transición ecológica". Tal y como se pone de relieve, solamente la mitad de los entrevistados afirma que identifica el concepto y sabe en qué consiste.

Las percepciones del conjunto de encuestados sobre los impactos de este proceso son variadas, y aunque predominan las positivas también revelan aspectos a mejorar. En general, la transición ecológica es percibida como una oportunidad (57 %) en mayor medida que como una amenaza (20 %), especialmente cuando se piensa en el largo plazo (en cuyo caso se eleva hasta un 64%).

Más de la mitad de la población considera que afectará de forma positiva o muy positiva a su entorno, mientras que solo un 20% cree que el impacto será negativo. Además, tres de cada cinco ciudadanos españoles creen que contribuirá a generar mayor desarrollo económico. Aunque un 20% cree que su empleo podría transformarse, la mayor parte de ellos consideran que podrían adaptarse a estos cambios.

Por otro lado, la transición ecológica genera incertidumbre. Algunos encuestados manifiestan desconocimiento y falta de información (impotencia, incertidumbre, etc.) sobre la transición energética, sobre todo en el corto plazo y en zonas rurales.

A esto hay que sumar que, aunque hay cierto consenso sobre las ventajas económicas del despliegue renovable, una parte de la población (40%) se muestra inquieta ante la posibilidad de que éste aumente la conflictividad social en su entorno. Para finalizar, un 70% considera que la transición ecológica debe ir acompañada de un proceso participativo. Y esta demanda se incrementa en zonas rurales.

Preferimos comprar un coche eléctrico antes que reducir la carne

El estudio identifica qué grupos de la sociedad española son más proclives y cuáles más reacios a apoyar las medidas diferentes medidas climáticas relacionadas con el autoconsumo, la movilidad eléctrica, cambiar patrones de consumo o pagar impuestos climáticos.

En cuanto a continuar el despliegue renovable, la percepción general de España es positiva. La mayor parte de la población (83%) se muestra favorable a tener en su entorno más cercano una instalación renovable, sobre todo los residentes en zonas rurales de menos de 5.000 habitantes y grandes ciudades de más de un millón.

Este apoyo es mayor en las zonas en las que se cree que el despliegue generará impactos socioeconómicos positivos en su entorno. A modo de conclusión, el informe apunta que para favorecer la aceptación del despliegue renovable parece acertado poner en marcha programas que aumenten los beneficios sociales y retornos económicos a las comunidades locales.

Sobre impulsar el autoconsumo, la percepción es muy positiva: 9 de cada 10 ciudadanos españoles estarían dispuestos a instalar placas solares en su vivienda. Los jóvenes están más a favor, por lo que hay un componente generacional.

El apoyo al autoconsumo no es sustancialmente mayor entre quienes se oponen al despliegue de plantas solares en suelo. Así pues, la conclusión del informe es que autoconsumo y despliegue renovable no son percibidas como políticas excluyentes, sino como complementarias, sobre todo entre los jóvenes.

En cuanto a apostar por la movilidad eléctrica, casi un 70% de la población estaría dispuesta a adquirir un vehículo eléctrico o híbrido. El apoyo es mayor en grandes urbes, más preocupadas por la calidad del aire que en zonas rurales, donde hay otras preocupaciones como la sequía y los incendios.

"Impulsar condiciones más favorables para el acceso a la movilidad eléctrica en zonas rurales (en las que hay menores opciones de transporte público) es imprescindible para que los residentes en ellas sean más favorables a la movilidad sostenible", concluye el informe.

Cambiar los patrones de consumo nos costaría más y la percepción general, según el estudio, es "variable". Es positiva si implica aumentar la compra de productos ecológicos (70% de apoyo) pero se reduce si lo que se plantea es reducir el consumo de carne (57%).

Las mujeres están notablemente más dispuestas tanto a reducir el consumo cárnico (+18 puntos porcentuales) como a comprar productos ecológicos (+9,5) que los hombres. "El apoyo a políticas que implican un cambio o renuncia en el estilo de vida depende en parte de la sensibilidad y responsabilidad personal de cada uno, siendo estas mayores entre las mujeres", indica la encuesta.

Por último, la percepción general hacia el pago de impuestos climáticas es negativa. Menos del 50% de la población respalda pagar más impuestos para facilitar la transición ecológica. El apoyo desciende en los jóvenes que, aunque son los más dispuestos a apoyar políticas climáticas, no lo hacen si exigen un sacrificio económico. El trabajo llega a la conclusión de que "el respaldo aumentaría si el impuesto se acompañase de ayudas o incentivos que compensen el coste, sobre todo a los grupos con menos recursos".

Para terminar, el estudio incorpora algunas opiniones, como que, bien gestionada, la transición ecológica puede constituir un importante motor para la creación de puestos de trabajo, la mejora de la calidad del empleo en el mundo rural, la justicia social y la erradicación de la pobreza.