En un panorama político cada vez más marcado por las tensiones entre soberanía nacional y agendas globales, emerge en España un nuevo "antipartido" que promete devolver el poder a la ciudadanía: Iustitia Europa. Se trata, en sus palabras, de una "agrupación ciudadana" nacida en 2023 y presidida por Luis María Pardo, ex guardia civil y abogado, que concurrió a las Europeas con el objetivo de eliminar la Agenda 2030. A nivel nacional, el movimiento está alcanzando una mayor repercusión al presentarse como acusación en los casos de corrupción más importantes del momento (Koldo, Aldama, Begoña Gómez, Mazón...) y, en las últimas semanas, han puesto el foco en los olivares de Jaén para criticar la política energética.

¿Qué pasa con los olivos?

Hemos querido dar visibilidad a la denuncia de los agricultores de la Campiña Norte de Jaén, que han llevado a la Justicia un procedimiento para talar aproximadamente 100.000 olivos, con previsión de eliminar otros 35.000 para instalar paneles fotovoltaicos. Es fundamental abrir un debate sereno en España y Europa sobre el tipo de energía que necesitamos. Actualmente, se está priorizando en exceso las energías renovables sin considerar sus efectos sobre sectores clave como el agrícola.

Plantea, entonces, una contraposición entre las energías renovables y la protección del sector primario.

Exacto. No podemos aceptar que la transición energética implique la destrucción de la agricultura. Además, estas empresas, según denuncias, podrían estar extralimitándose en lo que se les ha concedido. En cuanto a las renovables en general, nos preocupa que todo esto se financie con deuda pública europea, hipotecando a los ciudadanos para instalar una energía que no necesariamente beneficia a España, sino a otros países. Están convirtiendo España en la ruta de la placa en lugar de «la plata»; que España sea un enchufe para los demás países.

¿No ve posible una economía 100% electrificada y limpia?

Lo veo complicado. La energía renovable tiene un coste altísimo, que se está sufragando con subvenciones y deuda pública. Es fundamental un debate realista sobre el equilibrio entre diferentes fuentes de energía, incluyendo la nuclear. Mi postura es que cerrar todo lo que tenemos y administrarnos únicamente con fotovoltaica y otras renovables es imposible. No es real.

¿Por qué quieren eliminar la Agenda 2030?

La Agenda 2030 se presenta como un ideal, pero su aplicación real perjudica a sectores como el agrario, con normativas y restricciones impuestas por la UE. La estrategia «De la granja a la mesa» o el Pacto Verde Europeo afectan a nuestros agricultores, y creemos que es un error seguir este modelo sin realizar primero una evaluación crítica.

Sin embargo, algunos argumentan que la crisis agraria se debe más bien a fenómenos como las sequías o a la especulación de precios que a estas políticas de sostenibilidad.

Si aceptamos que la sequía es un problema, la solución no puede ser destruir olivares para poner placas solares. En cualquier caso, la política agraria europea está debilitando el sector primario, y acuerdos como el de Mercosur podrían agravar aún más la situación. Desde Iustitia Europa proponemos una defensa activa del campo español y la promoción de políticas que protejan nuestra producción frente a decisiones que benefician a terceros países en detrimento de nuestros agricultores. No puede ser es que Marruecos se haya convertido el principal exportador de tomates superando a España. Hay que hacer una valoración eh de lo que está sucediendo con el sector de la agricultura en España, porque es el que nos da de comer.

Se critica a IE por utilizar a los tribunales para generar desconfianza en los partidos y las administraciones, ¿qué opina?

El primer procedimiento que interpusimos fue en abril de 2024, con motivo del cierre de la red social Telegram, un hecho que generó una gran controversia. Presentamos una querella contra el magistrado por una presunta prevaricación, defendiendo la libertad de información y expresión. Posteriormente, nos presentamos a las elecciones europeas y denunciamos irregularidades en los comicios ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cabe destacar que la Junta Electoral Central, en su informe del 30 de enero de 2025, instó al Ministerio del Interior a digitalizar las actas de escrutinio, evidenciando un problema estructural en nuestro sistema electoral.

Y sí, nos hemos personado en el caso Koldo, relacionado con la gestión de contratos de mascarillas y PCR durante la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque consideramos que se deben esclarecer estos hechos, ya que mientras la población estaba confinada, algunos presuntamente aprovecharon esa situación para obtener beneficios económicos con fondos públicos.

Desde 2020, mi trayectoria jurídica se ha centrado en la defensa de los derechos fundamentales. Muchas de las acciones judiciales emprendidas han surgido en respuesta a la vulneración de estos derechos, mucho antes de la creación de nuestro movimiento político. Algunas de estas causas tienen un evidente componente ideológico, pero nuestra intención no es influir en los procedimientos judiciales, sino garantizar la justicia.

También se ha cuestionado el posible "uso político" que hace IE de la acción popular.

El caso Koldo, por ejemplo, no involucra solo a un asesor ministerial, sino a varias autoridades. Estamos asistiendo a una institucionalización de la corrupción a diversos niveles. Por ello, es importante que la sociedad civil participe en estos procesos y reclame justicia. Porque la acción popular es clave en el sistema judicial español. Se nos acusa de utilizar la justicia con fines políticos, pero la realidad es que los procedimientos solo prosperan si los jueces consideran que existen indicios de delito. No somos nosotros quienes admitimos las querellas, sino los tribunales. En ese sentido, si un juez admite a trámite una denuncia, es porque considera que existen motivos para investigar.

En la actualidad, hemos visto cómo la Fiscalía ha estado politizada en algunos procedimientos, con el propio Fiscal General del Estado imputado. Se han impulsado medidas para limitar la acción popular en los procedimientos judiciales, lo que vulnera la Constitución y debilita el control ciudadano sobre los políticos. Así que, ahora más nunca, se refuerza la necesidad de mantener la acción popular como una herramienta esencial de control ciudadano.

¿Os vais a presentar en las próximas Elecciones Generales?

Nuestra principal prioridad es continuar la lucha contra la corrupción –política o de otro tipo– y abogar por la despartidización de las instituciones del Estado, que tienen que ser objetivas, neutras e independientes. No podemos permitir que la Fiscalía General esté supeditada al Gobierno. Nuestro objetivo es seguir denunciando la corrupción y presentar medidas para mejorar la transparencia. En cuanto a futuras Elecciones Generales en España, nuestra intención es presentarnos cuando sean convocadas. Sin embargo, aún no hay convocatoria oficial y tomaremos la decisión final en el momento oportuno.