Más inseguridad si se veta a Ferrovial

Sigue el Gobierno erre que erre con su persecución a Ferrovial buscando recovecos para impedir que traslade su sede fiscal a Holanda. Gestión que no irá a ningún sitio más que a ahondar en su desprestigio. El asunto se hubiera solventado con mano izquierda con una llama a tiempo de Sánchez a Del Pino. No hay empresario que le niegue un favor al presidente del Gobierno. Pero para eso hay que superar la soberbia y corregir la política de ataques personales a los propietarios de las empresas. Cosa que no va a suceder. La respuesta infantil, en cambio, es la de amenazar con vetar la salida de Ferrovial, lo que tiene difícil sustento legal, aparte de que lo que haría es generar más inseguridad jurídica, espantar a empresas que se quieren instalar aquí y animar a otras a hacer lo mismo que la multinacional española. Ha dicho Josep Oliú, con razón, que «todas las compañías toman sus decisiones por razones empresariales», nunca por los motivos que pueden mover a un Gobierno o un partido. «Ser patriota no significa hacer lo que diga el Gobierno», apunta Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo, para quien el Ejecutivo está utilizando a los empresarios para eludir sus responsabilidades sobre otros temas y distraer a la opinión pública. Cierto, porque han señalado a nuestros grandes grupos como si fueran responsables de la mala situación de la economía o de la escalada de la inflación, en ocasiones hasta citando los nombres de sus presidentes. Argumentos populistas más propios de regímenes comunistas o bananeros que de democracias serias como se supone que es la de España.