La llegada del buen tiempo ha favorecido la llegada de personas inmigrantes a las costas de la Región de Murcia, que en las últimas 48 horas ha elevado la cifra a 53, según confirmó el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez.

En un contacto con los medios y tras ser inquirido por este asunto, Jiménez ha confirmado que este lunes llegaron esas 53 personas procedentes de Argelia a bordo de cuatro pateras. Todos ellos fueron atendidos por voluntarios de Cruz Roja.

En concreto, las pateras fueron interceptadas en el mar por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, que los pusieron a disposición de la Policía Nacional y Cruz Roja, siguiendo el protocolo habitual en estos casos.

En este sentido, el protocolo consiste en la realización de revisiones sanitarias y la entrega de ropa, así como en la identificación de los ciudadanos, puesta a disposición judicial e inicio de un procedimiento administrativo de devolución.

Además, se mandan los listados al Ministerio del Interior para que diga a qué centro de internamiento de extranjeros van a ser entregados o qué ONG van a acogerlos.

De entre los atendidos en la jornada de ayer, se encuentra una mujer y cuatro menores de edad.

Soluciones efectivas

Por su parte, los responsables del PP de la Región de Murcia en las Cortes Generales han elevado al Congreso y al Senado una batería de más de una treintena de cuestiones para que el Gobierno socialista "informe, de manera transparente, sobre la gestión que se ha llevado a cabo tras la llegada masiva de inmigrantes a las costas de la Región, que se ha visto incrementada con la llegada de varias pateras a las costas de Cartagena".

"Ha quedado claro que el Gobierno del PSOE no tiene capacidad para gestionar la crisis migratoria que sufre el país y que ha provocado que lleguen más inmigrantes en patera a las costas de la Región", ha manifestado la senadora del PPRM, Violante Tomás.

Tomás ha abogado porque el Gobierno "responda, de forma transparente, sobre cómo está afrontando esta situación, ya que se desconoce cuántos procedimientos de expulsión se han contabilizado en los dos últimos años, así como el número de inmigrantes puestos en libertad y su seguimiento posterior para conocer su situación personal".

"Es inadmisible la improvisación en esta materia, como ya vimos en los últimos meses del año por parte de la Delegación del Gobierno al dejar en libertad, sin pasar antes por la autoridad judicial, lo que provoca un desbordamiento de las ONGs y administraciones que tienen que atender a estas personas, que en muchas ocasiones llegan en condiciones precarias", ha recordado Tomás.

Por ello, tal y como ha apuntado la representante en la Cámara Alta, también "queremos conocer en qué tipos de programas participan para su integración en la sociedad los inmigrantes que han sido puestos en libertad en el último año y están siendo atendidos por las ONG y a cuántos se les otorgado una autorización temporal que les permita trabajar y vivir de manera digna, mientras no se les repatrie".

Además, Tomás ha recalcado que el Gobierno debe ser "claro" sobre si va a mantener o no el fondo de ayuda estatal que corresponde a la Región para la atención integral a los Menores Extranjeros No Acompañados, ya que "hemos visto como a Andalucía se le ha retirado esta ayuda, asfixiando a la comunidad vecina y gobernada por el PP".

En este sentido, también han pedido al Gobierno, a través de las Cortes, que consideren un sistema solidario de distribución de menores por todo el territorio nacional, tal y como solicitaron a la ministra las comunidades, además de conocer a cuántos se les ha facilitado una autorización con el fin de potenciar una integración social efectiva.