El presidente del TSJ augura un “masivo incremento de la litigiosidad” por la crisis sanitaria

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha advertido que la situación provocada por la pandemia del COVID-19 “va a situar al sistema de Justicia español y al de la Región, en particular, ante un reto de proporciones extraordinarias por el previsible masivo incremento de la litigiosidad, consecuente a una crisis económica de proporciones no menos imponentes”.

Del Riquelme ha hecho estas declaraciones durante el solemne acto de apertura de tribunales en el que, como cada año, ha repasado las cifras de actividad judicial, marcadas este año por la crisis sanitaria que “se manifiesta de una forma fulminante e imprevista”.

Es tan fulminante que, “a diferencia de las crisis vinculadas a los ciclos económicos, sus efectos no se van a espaciar en el tiempo, sino que van a manifestarse de forma explosiva y concentrada en los próximos meses”, ha advertido.

“Ahora más que nunca, la ausencia de una respuesta judicial en tiempos económica y socialmente útiles a la multitud de conflictos que van a generarse podría lastrar decisivamente la recuperación económica, la cohesión social y la confianza ciudadana en el sistema”, ha remarcado el presidente del TSJMU.

Ha coincidido con quienes piensan que una crisis tan telúrica “hace inviable la continuidad de las inercias seculares de nuestro sistema legal y judicial”, bajo riesgo de “pasar a la irrelevancia que espera a aquellas instituciones que dejan de cumplir su función en términos y tiempos útiles para la sociedad”.

Por ello, ha apostado por “aprovechar la oportunidad que toda crisis siempre proporciona”, y que su ocurrencia “pueda actuar como purgante de las patologías y rigideces que lastran no solo a nuestra Administración de Justicia, sino también a las profesiones del sector Justicia y a nuestro modelo institucional y cultural de resolución de conflictos”.

Vínculo con el Rey

Del Riquelme ha resaltado el “alto valor simbólico” que tiene el que, tras la apertura del año judicial a nivel nacional por Su Majestad el Rey, “celebremos la apertura del año judicial autonómico en cada uno de los diecisiete tribunales superiores de España”.

Ha destacado que se trata de una secuencia de actos que “simboliza el programa constitucional que vertebra a la nación española y a su Poder Judicial en el doble nivel nacional y autonómico”. Además, ha resaltado que esta secuencia “responde también al especial vínculo constitucional del Poder Judicial con Su Majestad el Rey quien, como Jefe del Estado es símbolo de la unidad y permanencia de la Nación, de cuyo pueblo emana la Justicia que jueces y magistrados administramos en Su nombre”.

De la misma manera, ha remarcado que, desde la aparición de la pandemia, en el TSJ de la Región de Murcia han trabajado “intensamente” para abordar esta “nueva anormalidad”, por lo que ha transmitido su reconocimiento a todos los que, “dentro y fuera de la organización judicial, decidieron arrimar el hombro”.

De hecho, en el acto se ha personificado este reconocimiento y el agradecimiento de la Sala de Gobierno a algunos de ellos por su colaboración singular y muy relevante ante el COVID; así como a quienes se jubilaron durante el pasado año; y ha rendido homenaje a la memoria de dos personas “muy queridas, extraordinarios juristas y excelentes compañeros: la magistrada María Poza Cisneros y el registrador Santiago Laborda”.

Plan de desescalada y reactivación

Del Riquelme ha recordado que la Sala de Gobierno ha venido adoptando medidas desde los primeros momentos de la crisis que culminaron en el mes de mayo con la aprobación del Plan de Desescalada y Reactivación de la Actividad Judicial que recoge en sus 121 actuaciones “el esfuerzo del TSJ para asegurar al máximo la continuidad del servicio público de Justicia”.

Así, durante los tres meses de paralización de plazos procesales y suspensión de las actuaciones judiciales programadas, no solo se garantizó la prestación de los servicios esenciales en todos los partidos judiciales, sino que se adoptaron medidas para compatibilizar las restricciones de presencialidad en las sedes con la continuidad en remoto de la actividad procesal y jurisdiccional de nuestras oficinas, jueces y magistrados.

Buena prueba de ese esfuerzo, ha señalado, “está en el dato de que la resolución de asuntos durante ese trimestre en la Región de Murcia fue solo un 33,3% menor que en el mismo período del año anterior, y un 12% superior a la resolución media en todo el territorio nacional durante el mismo trimestre”.

Con el mismo objetivo, ha afirmado que se ha incrementado exponencialmente en un “tiempo récord” la capacidad tecnológica de la organización judicial para el trabajo deslocalizado, con un total de 1.257 usuarios actuales con posibilidad de realizar teletrabajo (un 78,5% de todo el personal judicial a nivel regional): 181 jueces y magistrados, 132 letrados de Justicia y 823 gestores, tramitadores y auxilios, a los que hay que añadir los 121 usuarios con teletrabajo de las fiscalías.

Las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social obligaron también al TSJMU a replantearse el formato presencial de algunos trámites y actuaciones judiciales. Para responder a esa necesidad, se han instalado en estos seis meses 277 salas de videoconferencia móvil (una por cada órgano judicial, cada sala de vistas y cada juzgado de guardia, además de otra de uso múltiple en cada sede), y se han instalado 123 webcams adicionales para realización de videoconferencias en tareas gubernativas y organizativas.

La suspensión masiva de actuaciones programadas durante los tres meses de confinamiento obligó a un esfuerzo extraordinario de reseñalamiento de las mismas en agendas judiciales ya de por sí recargadas, hasta el punto de que muchas han sido ya celebradas y otras lo serán a lo largo de este mismo año.

Otra de las preocupaciones “más imperiosas”, según Del Riquelme, fue “acondicionar y surtir de medidas sanitarias y de prevención individual y colectiva a los 21 edificios judiciales en los once partidos de la Región”.

Además, la necesidad de gestión adecuada de los casos sospechosos y confirmados que pudieran producirse dio lugar a la aprobación de un protocolo de actuación para tales casos, gestionado por una unidad creada ad hoc, dirigida por un letrado de Justicia e integrada por otros dos funcionarios, específicamente dedicada a la gestión y seguimiento de casos en coordinación con las autoridades sanitarias.

Una voz regional por la Justicia

Finalmente, ha recordado que, hace un año, con ocasión de este mismo acto de apertura del año judicial, invitó a todas las instancias políticas, económicas y sociales de la Región para articular un “consenso” en la reclamación a nivel nacional “de lo que en Justicia nos corresponde para igualarnos a la media nacional en el número de juzgados y para construir las infraestructuras judiciales que necesita la Región”.

A lo largo de este año, ha dicho haber sido testigo de las gestiones realizadas desde el Ejecutivo regional para presentar a la Asamblea Regional una propuesta de Pacto Regional por la Justicia. “La infradotación de medios tiene efectos negativos, reales y directos sobre los ciudadanos de nuestra Región”, ha lamentado.

Por ello, ha exhortado a los grupos parlamentarios a que “trasciendan sus diferencias de criterio y contribuyan a alcanzar ese consenso que servirá, sin duda, como palanca para impulsar nuestras demandas”.