La agonía del Mar Menor no será declarada zona catastrófica

De nada ha servido que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, comparase hoy la catástrofe que vive el Mar Menor con la del Prestige y reclamase al Gobierno central las inversiones necesarias para revertir esta situación.

El Consejo de Ministros ha descartado incluir la laguna salada más grande de Europa dentro del listado de las declaradas ayer como zonas catastróficas.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, responsabiliza al Gobierno regional de la «grave» situación que afecta al Mar Menor. «No es cosa de un día ni ha sido fruto de un fin de semana», y reclama a la Administración autonómica que ejerza sus competencias.

En este debate llevan enzarzadas ambas Administraciones desde que se detectaron los primeros centenares de peces muertos hace ahora diez días.

La solicitud de López Miras de asumir las competencias estatales sobre este territorio no ha hecho más que tensionar todavía más la relación con el Gobierno central que, además de rechazar esta petición, insiste en que el Ejecutivo autonómico es el único responsable del desastre.

Desde el Gobierno regional argumentan que, puesto que se les señala como culpables de la situación de la laguna que, al menos, se les permita realizar las actuaciones que consideran imprescindibles para su recuperación.

Para ello, necesitan la autorización del Ministerio de Transición Ecológica, algo altamente improbable. «Esperaba un cambio de actitud del Gobierno central tras los últimos episodios en el Mar Menor, confié en que nos tenderían la mano ante la situación que estamos viviendo, pero nada ha cambiado. Mentiras, excusas y confrontación política», ha lamentado hoy López Miras.

En este complejo asunto, solo hay un aspecto en el que coinciden todos los actores implicados. El preocupante estado de salud de este frágil ecosistema es un hecho constatado. La enfermedad viene de lejos, pero hace poco más de una semana que volvieron a saltar las alertas.

«Alerta roja»

El Mar Menor vivió un episodio de anoxia. La magnitud del desastre ambiental comenzó a traducirse en cientos de ejemplares arrastrados hasta unas playas que han obligado a sacar la bandera roja en plena temporada turística.

Esta vez, el detonante fueron las altas temperaturas, como lo fueron las lluvias torrenciales provocadas por la DANA en septiembre de 2019.

El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, ha lamentado hoy que en todos estos días no hayan recibido ni una sola llamada del Ejecutivo central para aportar soluciones, a pesar de que tiene el 80 por ciento de las competencias sobre este espacio. El resto, aseguran desde el Gobierno regional, son compartidas con los ayuntamientos.

Aún así, no fue hasta el lunes cuando se convocó la visita de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Estaba confirmada para hoy–y se anuló– la del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. No se han explicado las razones del cambio, aunque el anuncio coincidió con la visita del presidente del PP, Pablo Casado, a la zona afectada.

Sin acuerdo

López Miras y Ribera mantendrán mañana por la tarde una reunión. El punto de partida no incita al optimismo. Entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno regional no se intuye, al menos de momento, ningún punto de encuentro.

La portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, ha asegurado hoy que se han detectado 8.000 hectáreas con regadío ilegal que no contaban con concesión de agua, así como el uso excesivo de nitratos y vertidos. Ha añadido además que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente ha instruido 800 expedientes que el Gobierno de Murcia no tramita.

El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, ha reiterado una vez más que el único organismo competente para dejar sin agua a los regadíos ilegales es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Insta al que no le crea a revisar la legislación existente, «por mucho que lo repitan es falso».

Además, afirman que el Gobierno regional tiene abiertos 113 expedientes de restitución de regadío ilegal sobre una superficie total de 2.130 hectáreas. “Se trata del total de los recibidos por la Confederación Hidrográfica del Segura”.

El Gobierno regional insiste en que la única manera de salvar el Mar Menor es poner en marcha el Plan de Vertido Cero consensuado con el Ministerio, que cuenta con una declaración de impacto desde 2019.

Como medida de urgencia defiende la necesidad de dragar de la gola de Marchamalo. «Hasta 2016 el Ministerio sacaba arena de este punto y la reponía en otra playas. Cuando dejó de hacerlo, la gola quedó anegada y, por tanto, no existe intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo».

La medida cuenta con el apoyo del Comité Científico de la Región, pero es rechazada por toda la oposición, así como por colectivos como el Colegio de Biológos y el propio Ministerio de Transición Ecológica, que es quien tendría que autorizarlo. No obstante, Luengo insiste en que se trata de una actuación «reversible, monotorizada y controlada».

El Plan Vertido Cero marcó como prioridad reducir al agua que llega de la rambla del Albujón porque proviene del acuífero cuyo nivel freático ha aumentado, entre otras factores, por la DANA. «Desde noviembre de 2019 han entrado 19 millones de metros cúbicos a través de esa rambla y cada día llegan más de 5.000 kilos de nutrientes que han provocado el desequilibrio del ecosistema».

La otra actuación que se marcó como necesaria prevé la construcción de diques de contención en las ramblas para que el agua que se arrastra a través de la cuenca acabe el Mar menor y se reduzcan los sedimentos.