La Región de Murcia concluye que la propuesta de Montoro no resuelve el problema de la infrafinanciación

La Región de Murcia se ha dirigido este lunes al Ministerio de Hacienda para señalar que el nuevo modelo de financiación autonómica “debe garantizar recursos suficientes para todas las comunidades y ser equitativo”.

En el documento remitido al Ministerio este lunes, la Consejería exige la creación de un fondo de nivelación para compensar a las comunidades peor financiadas y que se abra un proceso de negociación para sanear “la deuda injusta generada por la infrafinanciación estructural derivada del actual modelo”.

Así se lo ha comunicado la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital al departamento dirigido por la ministra María Jesús Montero en un documento con las observaciones sobre la propuesta de revisión del cálculo de población ajustada, enviado por el Ejecutivo central el pasado diciembre.

En el documento, la Comunidad lamenta también que la propuesta del Ministerio “tampoco resuelva otro de los principios que deben ser irrenunciables en el nuevo modelo como es el de la equidad, ya que sólo plantea una posible reforma del criterio de cálculo de la población ajustada, pero no aborda los fondos a través de los que se realizaría la nivelación de los recursos”.

En lo que se refiere a la propuesta de reforma del criterio de población ajustada que plantea el Ministerio, los técnicos de la Consejería lo valoran de manera positiva y comparten aspectos como que las necesidades de gasto de las comunidades se basen en la media de gasto de los tres ejercicios precedentes una vez descontados intereses y financiación específica.

No obstante, el documento subraya que este planteamiento es “impreciso” y ofrece “unos intervalos muy amplios de ponderaciones para los bloques de sanidad, educación, servicios sociales, y el resto de servicios. Es comprensible que se quiera dejar margen para la negociación posterior, pero el rango presentado está poco acotado y deja la puerta abierta a escenarios muy dispares”.

El texto, elaborado por los técnicos de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, señala que la Comisión de Expertos creada para analizar la reforma en 2017 concluyó que la insuficiencia anual que padecían las comunidades, en el marco del sistema de financiación autonómica, ascendía a 16.484 millones de euros.

“Esta falta de recursos para afrontar la prestación de los servicios públicos esenciales se ve agravada con los gastos extraordinarios generados por la pandemia, de los que al menos un 40 por ciento se convertirán en estructurales en el ámbito sanitario”, según ha apuntado la Consejería.

El titular del ramo, Luis Alberto Marín, ha subrayado que el nuevo modelo “debe blindar el Estado del Bienestar facilitando los recursos necesarios para prestar los servicios transferidos a las comunidades”, y ha insistido que antes de iniciar el debate sobre los criterios de reparto “es imprescindible abordar este incremento en la dotación de los recursos globales, un aspecto que olvida por completo el documento enviado a las comunidades por el Ministerio de Hacienda”.

El texto de la Comunidad señala que la distribución de la financiación por habitante ajustado en el actual modelo de financiación responde no solo a las diferencias de gasto, “sino que refleja también la aplicación de los criterios de ‘statu quo’ y de coste efectivo en el momento del traspaso de las competencias”.

Al hilo, sostiene que la aplicación de esos criterios lleva a diferencias de en torno a un 30 por ciento entre las comunidades que más reciben y las que menos, lo que genera “un desequilibrio territorial injustificable e inaceptable”.

Debates fuera de su lugar

El titular de Hacienda ha denunciado, además, “la forma en la que se está abordando este debate desde el Ministerio de Hacienda. En primer lugar, un asunto de esta trascendencia debe analizarse y debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que es el órgano creado para representar a las comunidades y en el que todos podemos expresar y poner en común nuestras opiniones y puntos de vista”.

Marín ha asegurado que el nuevo modelo “tiene que ser fruto del consenso, el diálogo y el trabajo conjunto. La reforma del sistema de financiación no va contra nadie, sino que tiene que beneficiar a todos los españoles independientemente de dónde hayan nacido”.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno central haya decidido iniciar el debate sobre esta reforma “tomando solo uno de los criterios que forman parte del modelo y que además es el que genera menor entendimiento entre las comunidades autónomas”.

“Tenemos la firme voluntad de alcanzar un acuerdo que sea beneficioso para todos y estamos convencidos de que ese es el objetivo que compartimos todos, tanto el Gobierno central como las comunidades, pero esa propuesta parcial parece fruto de una estrategia artificial e interesada para avivar el enfrentamiento entre las comunidades y tener así una excusa para volver a meter la reforma en un cajón. Confiamos en que no sea así y que este primer paso vaya seguido de todos los demás que faltan todavía para hacer realidad la urgente y necesaria reforma del sistema de financiación”, ha concluido.