La Fiscalía ha pedido una pena que suma 95 años de cárcel para el capataz de una finca acusado de explotar y atentar contra la libertad sexual de trabajadoras que se encontraban en situación irregular a las que seleccionaba previamente, imponiéndoles condiciones laborales y un trato vejatorio aprovechando su situación de especial vulnerabilidad.

El comienzo del juicio está previsto para el miércoles, 28 de septiembre, a las 10.00 horas, en la Sección número 3 de la Audiencia Provincial.

El acusado, nacido en 1961 y sin antecedentes penales, explotaba al menos desde 2019 una finca de La Palma, en Cartagena, propiedad de otra persona, donde tenía animales y pequeñas plantaciones, según el escrito de calificación del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.

Para el cuidado de los animales y labores del campo, el acusado seleccionaba a mujeres en situación irregular en España y especialmente vulnerables por desconocimiento del idioma español, por carecer de familiares cercanos y tener cargas familiares en su país, siendo su único sustento su trabajo.

A sabiendas de esta situación y aprovechándose de la misma, el acusado les imponía condiciones que vulneraban sus derechos como empleadas cuando las seleccionaba para acudir a la finca a trabajar para él, según los hechos considerados probados por el Fiscal.

En concreto, el individuo les pagaba un salario de 10 euros diarios por jornadas de seis a ocho horas, sometiéndolas además a un “trato vejatorio”.

El acusado no les hacía contrato de trabajo y no les daba de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y, por lo tanto, las trabajadoras carecían también de las prestaciones y derechos reconocidos en el ordenamiento laboral y de Seguridad Social.

Además, el individuo realizó actos de forma violenta que atentaban contra la libertad sexual de seis de estas trabajadoras con la intención de “satisfacer su ánimo libidinoso”. Así, siguió el mismo ‘modus operandi’ con todas ellas, aprovechando que estaban trabajando allí.

El acusado realizó estos actos contra las trabajadoras amenazándolas con acudir a la Guardia Civil para expulsarlas o no contratarlas más si lo denunciaban.

El acusado está en prisión provisional desde el 28 de septiembre de 2020. El Fiscal sostiene que el individuo es autor de un delito contra los derechos de los trabajadores por el que procede imponerle la pena de cinco años de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 20 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Además, el Ministerio Público pide la pena de 15 años de prisión por cada uno de los seis delitos continuados de agresión sexual y la pena accesoria de prohibición de aproximarse a las seis víctimas en cualquier lugar donde se encuentren, domicilio, lugar de trabajo, centro de estudios, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio de comunicación por un periodo superior a 10 años a la duración de la pena de prisión impuesta.

El Fiscal también pide para el acusado la medida de libertad vigilada por un tiempo de diez años, consistente en obligación a someterse a un programa de educación sexual; así como la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con menores de edad por tiempo de diez años que exceda a la pena privativa de libertad impuesta.

En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide indemnizar a las seis víctimas por los daños morales en la cantidad de 50.000 euros.

Además, pide que pague una indemnización de 2.400 euros por las lesiones psicológicas a una de las víctimas; 400 euros a otra de las víctimas por las lesiones físicas; y 9.600 euros por las lesiones psicológicas y secuelas a la tercera víctima.

Asimismo, pide una indemnización de 9.600 euros por las lesiones psicológicas y secuelas a la cuarta víctima; y 4.400 euros por las lesiones psicológicas y secuela a la quinta.