Que la tragedia de la DANA de Valencia no vuelva a repetirse. Esa es la premisa sobre la que pivota la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se ha presentado este jueves en Murcia, para pedir una modificación de la ley de Aguas que posibilite la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas, que sirvan de freno ante eventuales inundaciones. Un acto que ha tenido lugar en el Centro Cultural Las Claras de la capital y que ha sido presentado por el decano de la demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos y Puertos, Alejandro Lázaro, quien ha estado acompañado por su homólogo en la Comunidad Valenciana, Javier Machí, que ha sido el encargado de exponer durante su intervención las claves que desembocaron en aquella catástrofe, que asoló municipios como Paiporta, Torrent, Chiva o Cheste y que costaron la vida a 227 personas.

El cambio climático es una realidad innegable y todos los expertos en Meteorología coinciden en que las lluvias torrenciales provocadas por la DANAS van a ser cada vez más habituales, especialmente, en las regiones del arco Mediterráneo. Uno de los promotores de esta ILP es el abogado José Luis Belmonte, quien ha puesto de manifiesto que la actual normativa estatal de Aguas protege la Ordenación del Territorio, el Medio Ambiente, la restauración de la naturaleza, pero no tiene en cuenta la vida humana. Ese es el principal aspecto que se les mueve para pedir el respaldo de la ciudadanía y exigir una modificación de la actual ley de Aguas, que se creó en 1985 y que fue actualizada por Real Decreto el pasado año 2001, cuando las necesidades hídricas en España eran muy diferentes a las actuales. En concreto, los expertos están reclamando una actualización del artículo 14 de esa ley, que hace referencia a las competencias de los diferentes organismos de cuenca. En opinión del decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia, Alejandro Lázaro, “queremos que todo el mundo sepa realmente lo importante que es esto. Y, con esa ley, se podrán ejecutar las infraestructuras con más celeridad y dotar de dinero, que es lo que ahora mismo necesita la sociedad”. Lázaro, además, ha reivindicado que sean precisamente los expertos, los ingenieros, quienes formen parte de ese proceso de diálogo y de negociación con la clase política para alcanzar su objetivo.

El caso murciano

La Región de Murcia también ha sufrido en sus propias carnes el impacto de una destructora DANA. Fue como consecuencia de una gota fría que se produjo entre los días 9 al 14 de septiembre de 2019. Un desastre que, afortunadamente, no se cobró víctimas mortales, pero dejó daños millonarios estimados en 1.319 millones de euros. Es más, hasta que ocurrió la terrible DANA de Valencia, estaba considerado como el desastre natural con mayor coste económico de la historia de España. ¿Podría ocurrir en la Región de Murcia lo que pasó el año pasado en la Comunidad Valenciana? En opinión del decano de los ingenieros murcianos, “sí, totalmente”. Sin embargo, el criterio del presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo -también promotor de esta ILP-, es divergente. “Había inundaciones cada tres años y, a partir de 1980, con el Plan de Defensa de Avenidas del Segura de 1977, no se ha producido ninguna nueva inundación. Esa es una prueba evidente de lo buena que ha sido la gestión a través de construcciones de infraestructuras hidráulicas”, ha apuntado Carrillo. Lo cierto es que sí se han producido episodios de lluvias torrenciales que han causado graves perjuicios económicos y que, incluso, han costado la vida a personas. La última víctima mortal se produjo este mismo año en la pedanía lorquina de Ramonete: José Hernández, un vecino de la zona, perdía la vida cuando era arrollado con su furgoneta por una avenida de agua durante un episodio de precipitaciones torrenciales.

En cualquier caso, los promotores de esta ILP solicitan la colaboración ciudadana para que el proyecto pueda llegar al Congreso de los Diputados. Para ello, serán necesarias 500.000 firmas, para que así la Cámara Baja estudie la modificación de la ley de Aguas que están reclamando. Por cierto, una ley de Aguas que pretende prevenir futuras inundaciones, pero que también quiere que sirva para hacer frente a eventuales periodos de sequía, a través de la construcción de nuevas infraestructuras. El caso más evidente es el trasvase Tajo-Segura, cuya continuidad peligra ante la modificación de sus reglas de explotación que pretende hacer el ministerio para la Transición Ecológica, cuya batalla está todavía entre los tribunales y que enfrenta a dos comunidades autónomas vecinas: Murcia y Castilla-La Mancha.