Indignación y preocupación. Así es como se sienten los regantes de la Región de Murcia, después de la última reunión celebrada el pasado lunes por la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura. Un encuentro que vino a confirmar el recorte de los caudales ecológicos de esta infraestructura hídrica, que abastece al Levante español. La propuesta que hay sobre la mesa se basa en un informe de Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), que ‘achica’ paulatinamente los envíos de agua a Alicante, a Almería y a Murcia. El nuevo recorte establece 24 hm³ de envíos automáticos en Nivel 2 hasta 2026 -frente a los 27 hm³ actuales-, una cifra que en 2027 se fijaría en 18 hm³. Un ‘tijeretazo’ anunciado, que contenta a Castilla-La Mancha y que ha sentado como un jarro de agua fría en la Región de Murcia. Máxime cuando dicha reunión se producía con ‘nocturnidad’ y ‘alevosía’, según denuncian los regantes, quienes aseguran haberse enterado nuevamente por los medios de comunicación.

“Yo creo que este es el último trabajo de Teresa Ribera como presidenta del MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica)”, ha asegurado el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Lucas Jiménez se ha referido a esta decisión del Estado como “la puntilla” para la agricultura murciana. “Lo mejor hubiera sido que el líder de esta Nación no hiciera esa promesa en Albacete de acabar con el trasvase. Lo mejor hubiera sido que su discípula y hoy comisaria europea no hubiera acometido ese recorte encubierto, disfrazado de incremento de caudales ecológicos en el Tajo, con el mero objetivo de reducir los envíos al Levante”, ha dicho el líder de SCRATS, quien ha criticado que este proyecto que hay en trámite no se base en criterios técnicos. La lectura que hacen los regantes es que detrás de este ‘apagón hídrico’ -como se han referido a este nuevo ‘golpe’ al Trasvase-, solo hay una finalidad política: castigar a la Región de Murcia y ‘condenar’ al campo a la ruina. Y así lo expresan públicamente.

Respecto del agua desalada, Jiménez se vuelve a referir a estas soluciones a la sequía y a la escasez de agua como infraestructuras caras, cuyos costes millonarios no pueden asumir los regantes murcianos, tal y como se plantea desde la secretaría de Estado de Medio Ambiente, que dirige Hugo Morán. “Aquí las comunidades de regantes somos gestores de agua. Sin agua, todo eso no se puede pagar”, ha apuntado Jiménez. Es decir, la pescadilla que se muerde la cola. Por eso, el presidente de SCRATS ha asegurado que saldrán a la calle para protestar contra esta decisión, que consideran “injusta”. “Movilizaciones debe haber. Yo creo que esta locura de restricción, sin ofrecer nada a cambio, deben de pararla; no solo regantes del trasvase, deben de pararla las organizaciones agrarias, deben de pararla los usuarios de acuíferos, que están ahora mismo también bajo la espada de Damocles”, ha concluido Jiménez que, por cierto, no ha concretado fechas en el calendario para esa protestas anunciadas.

Miras plantará batalla

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, también ha expresado públicamente su desacuerdo y su malestar por este nuevo ‘revés’ para el sector ‘agro’ regional. “Lo que ha propuesto el Gobierno de España es la sentencia de muerte para la Región de Murcia y para los agricultores de la Región de Murcia”, ha dicho Miras, quien también ha asegurado que su Ejecutivo va a plantar batalla en esta nueva ‘guerra’ por el agua. “Lo vamos a recurrir todo, absolutamente todo. Porque es una decisión política, no es una decisión basada en criterios técnicos. Es una decisión mucho más grave, porque se toma en el momento en el que más reservas tiene la cabecera del trasvase Tajo-Segura”, ha sentenciado el líder murciano a las puertas del Congreso del Partido Popular Europeo, celebrado en Valencia. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de su Gobierno en el palacio de San Esteban en Murcia. Marcos Ortuño, preguntado por esta cuestión, ha dicho que “Pedro Sánchez utiliza lo que es un recurso de todos para sus fines políticos y para sus fines partidistas. Y la agricultura no puede, ni debe ser utilizada como una moneda de cambio”.

Más reacciones políticas

A pesar de que la noticia había quedado difuminada el pasado lunes a causa del apagón eléctrico, lo cierto es que todas las formaciones políticas regionales -a excepción de Podemos- se han pronunciado sobre este cambio de reglas pretendido por la Comisión del Explotación del Trasvase Tajo-Segura. La portavoz del Partido Socialista en la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha asegurado en un vídeo (sin preguntas) que “aún no se ha aprobado absolutamente nada. Lo que hay encima de la mesa es una propuesta técnica para adaptar la nueva realidad del trasvase, a la nueva realidad del cambio climático”, ha defendido.

Por su parte, Vox ha calificado de “antisocial” la propuesta de ejecutar este nuevo ‘hachazo’ al Tajo-Segura. Su portavoz y diputado en la Región, Alberto Garre, ha lamentado “que se esté generando una legislación absolutamente anárquica, que no responde ni a la Constitución Española, ni a los principios de solidaridad entre comunidades autónomas”.

Una batalla por el agua que, lejos de terminar, enfrenta nuevamente a Castilla-La Mancha y al Estado, con la Región de Murcia.