La Región de Murcia elimina 2.000 apartamentos turísticos ilegales tras un acuerdo con Airbnb

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia calcula que en torno a 2.000 anuncios de viviendas turísticas irregulares han sido retirados gracias a un acuerdo bilateral entre la Comunidad y Airbnb, dejando la oferta regional de esta plataforma compuesta únicamente por alojamientos que cumplen la normativa.

El plan para retirar de la oferta turística todos los alojamientos no reglados en virtud de un acuerdo voluntario alcanzado el pasado mes de marzo, mediante el que se implementó un sistema que exige a cualquier nuevo anuncio de alquiler vacacional mostrar un número de registro turístico válido, ha sido un "éxito".

Adicionalmente, se estableció un protocolo de desactivación de los anuncios existentes que carecieran de dicho registro con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Este proyecto, pionero en España, comenzó a aplicarse de inmediato en la Región y ha requerido que los anfitriones proporcionen su número de registro al crear o mantener sus anuncios en la plataforma.

En paralelo, Airbnb emprendió una campaña educativa dirigida a la comunidad de anfitriones murcianos para informar sobre la necesidad de añadir un número de registro válido a sus anuncios.

A través de notificaciones, recordatorios periódicos y recursos formativos, la plataforma incidió en las nuevas normativas europeas y en los requisitos de registro y licencia que serán obligatorios en España.

Gracias a estos esfuerzos de sensibilización, el número de anuncios de la Región con registro se multiplicó por dos durante este período, facilitando que muchos propietarios regularizasen su situación en lugar de ser expulsados.

Como resultado de la colaboración, a fecha de hoy cualquier alojamiento de corta estancia en la Región de Murcia anunciado en Airbnb sin mostrar su número de registro turístico ha sido dado de baja de la plataforma. Esto ha supuesto la eliminación total de la oferta no reglada de Airbnb en la Región, un hito sin precedentes en el ámbito nacional.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha explicado que esta iniciativa "consolida la estrategia proactiva del Gobierno murciano en la lucha contra los alojamientos ilegales".

En los últimos dos años, la unidad online de inspección turística de la Comunidad "había logrado detectar más de 1.200 viviendas de uso turístico que operaban al margen de la ley, de las cuales la gran mayoría regularizaron su situación tras las correspondientes actuaciones".

La colaboración con Airbnb ha permitido dar un paso más, facilitando la desactivación inmediata de aquellos alojamientos que no atendieron al requerimiento de registro en plazo.

"Gracias a nuestro acuerdo y al trabajo incansable de la unidad de inspección online, hemos conseguido erradicar unos 2.000 alojamientos turísticos ilegales de la plataforma, garantizando una oferta más transparente, segura y de calidad en la Región de Murcia", destaca la consejera.

Conesa asegura que el Gobierno regional "sigue apostando por un turismo sostenible, equilibrado, de calidad y siempre en la línea del consenso, entendiendo este sector como una actividad económica de gran potencial y en crecimiento, donde el riguroso cumplimiento de la ley, la estabilidad y la protección a los empresarios y a los turistas deben primar en todas las actuaciones y colaboraciones que desarrollamos".

Cabe recordar que el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 1312/2024 para crear un Registro Único nacional de alquileres turísticos, junto con una Ventanilla Única Digital para la gestión de registros, cuyo uso pasó a ser obligatorio el 1 de julio de 2025.

Esta normativa nacional aspiraba a que, a partir de esa fecha, todos los anuncios en plataformas digitales incluyeran un código identificativo único, bajo pena de ser dados de baja automáticamente, un hecho que no se ha materializado.

Además, el decreto estatal fue lanzado sin consenso ni coordinación previa con las comunidades autónomas, lo que ha suscitado críticas y acciones legales.

La propia Región de Murcia ha recurrido la norma ante los tribunales al considerar que vulnera competencias autonómicas en turismo y supone una duplicidad burocrática innecesaria, al superponer un registro nacional sobre los ya existentes registros regionales.

Una duplicidad que añade cargas administrativas a los propietarios legales y podría contravenir la directiva europea de servicios digitales, que aboga por sistemas simplificados y cooperación entre administraciones en lugar de estructuras paralelas.

Conesa ha subrayado que "nuestro modelo de cooperación bilateral y esfuerzo propio ha dado frutos tangibles, mientras que la ventanilla única digital del Gobierno central se ha revelado como una herramienta ineficaz".

"A fecha 1 de julio, no eliminó la oferta no reglada como pretendía; de hecho, hemos sido las comunidades autónomas, con nuestro trabajo y acuerdos, quienes estamos avanzando en esta cuestión. Vamos a continuar colaborando con las plataformas digitales que operan en el sector para asegurar que la legalidad turística se cumpla de forma efectiva en beneficio tanto del sector como de los usuarios", concluye.