Modelo Alzira: En pro de la excelencia sanitaria

El sistema de colaboración público-privada (CPP) hospitalario se definió en España en la Ley General de Sanidad de 1986, pero hubieron de pasar diez años para apreciar que sería conveniente contar con empresas privadas para administrar hospitales públicos; según los condicionamientos establecidos en la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

En el caso del Modelo Alzira, la empresa concesionaria –Ribera Salud– se comprometió por contrato a gestionar el servicio público por un periodo de quince años, que terminan ahora, más cinco prorrogables. En el referido contrato se especificó la inversión comprometida a realizar por el gestor-operador, siguiendo el esquema BOT (Build, Operate, Transfer; o sea, construir, operar y transferir), inclusivo del CAPEX (Capital Expenditure, o inversiones de bienes de capital), para ir amortizando la construcción y el equipamiento del hospital, así como para la reposición, actualización y mantenimiento continuos. De esta manera, se garantiza que en la fecha de extinción del contrato los activos estarían en el mejor estado de uso.

También en el citado contrato se designó a un Comisionado de la propia Generalitat Valenciana, que tiene la función de monitorizar todos los servicios médicos y funcionales. Este Comisionado ha funcionado con satisfacción de la propia Generalitat. Y, además, se aplicó el decreto valenciano 122/1988, que regula la estructura y funciones del Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP), para que los ciudadanos tengan acceso a cualquier clase de reclamaciones de manera rápida y eficiente.

A la hora de juzgar cómo funciona el sistema CPP en Alzira hay que referirse a diversas valoraciones, empezando por la propia Generalitat, a través de la Sindicatura de Cuentas, así como los dictámenes de la Universidad de California (UCA)-Berkeley, la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, y el auditor Deloitte.

En cuanto a la auditoría de la Sindicatura de Cuentas, sitúa al modelo concesional de Ribera Salud, en el mejor nivel en todos los indicadores de eficiencia y satisfacción: sus conclusiones manifiestan que es más económico, eficiente, con mejor tecnología, mayor calidad de los servicios, y más investigación (I+D). Por su parte, la Universidad de California (UCA)-Berkeley, con la autoría de Richard M. Scheffer –catedrático de la Salud y Políticas Públicas en la Escuela Goldman y titular de la Cátedra de Mercados de la Salud y Bienestar–, subraya que un ciudadano cuesta a la Administración Pública 1.324 euros al año en los departamentos valencianos de gestión pública directa; mientras que en la concesión CPP tiene un coste de 931 euros, un 29,7 por 100 menos. Además, según los datos de junio de 2017 difundidos también por Berkeley, el Hospital de Alzira tiene las mejores calificaciones en lista de espera: 20 días frente a la media de todos los demás de la Consejería, de 39.

En lo concerniente a la Harvard Business School (HBS), incluyó el Modelo Alzira en su conocido repertorio del «método del caso», debiendo recordarse que HBS investiga las entidades que considera más interesantes, habiendo analizado en España empresas tan punteras como Mercadona, Inditex, Mango o Telefónica. Así las cosas, ha de mencionarse que el 3 de noviembre de 2015, la HBS presentó el Modelo Alzira, como business case study, en una clase magistral de la profesora Regina E. Herzlinger y el profesor Kevin Alan Schulman.

Por último, en materia de análisis del Modelo, Deloitte tuvo un equipo visitante, integrado por consultores sanitarios procedentes de Australia, EE UU y Reino Unido, para estudiar el caso Alzira. Y, entre los puntos de mayor interés de su informe figuraron la buena integración entre los niveles asistenciales, la atención basada en la eficiencia, y las políticas de formación e incentivación de los profesionales. También analizaron la gestión del personal, las medidas que garantizan la calidad asistencial, los indicadores de control por parte de la Administración, la tecnología, los sistemas de información, la importancia de la fidelización y satisfacción de pacientes, y la promoción de la salud. La calificación fue la más alta.

A pesar de las observaciones anteriores, ya en el acuerdo pre-electoral entre PSPV, Compromís y Podemos en 2015, se incluyó un párrafo muy significativo sobre el Modelo Alzira: «Recuperación del sistema sanitario público: auditoría de los concesiones administrativas sanitarias y estudio de las vías adecuadas que permitirían la reversión completa [al sistema de gestión pública]». Posteriormente se dijo que el modelo fue inventado por el PP para que «empresas y empresarios amigos hagan negocio con la salud de los ciudadanos», en contra de todas las opiniones antes vertidas.

La Consejería de Sanidad anunció todo un proceso político para la reversión de la CPP en Alzira, con gran parafernalia mediática. Frente al cual Ribera Salud se mostró abierta y dispuesta a entablar las vías de diálogo que fueran necesarias, pero la Generalitat apostó por seguir en la actitud más negativa. Más aún, en su planteamiento ideológico, la Sra. Carmen Montón, consejera de Sanidad, afirmó el 1 de marzo de 2017 que «enterrará (sic) el Modelo Alzira», una expresión amenazante nada propia para un Estado de Derecho.

Cuando menos frente a esas actitudes de un órgano de gobierno, para la nueva gestión prevista de la Sanidad Pública en La Ribera debería haber una licitación, para que todos los nuevos aspirantes a la gestión (incluidos los de la misma Administración) expresaran sus niveles de capacidad y experiencia propia. Además, como se ha demostrado públicamente, cuando se pregunta qué tipo de gestión se prefiere, la respuesta es terminante: hay una muy clara predilección por la CPP. Como puede comprobarse con tres grandes mutualidades de la Administración General, que en conjunto abarcan más de dos millones de beneficiarios: la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). A la hora de elegir, en todos esos casos, los mutualistas siempre prefirieron la CPP.

La nueva licitación, en caso de querer revertir la concesión, es de todo punto indispensable que la Generalitat valore, con criterios racionales, los niveles de experiencia, eficiencia y calidad de las candidatas. De forma que un jurado solvente pueda resolver para decidir con razonamiento, y no con ideología, cuál debe ser el adjudicatario, siguiendo la senda de la máxima excelencia.

Como también habría que recabarse la opinión del ciudadano. Es lo menos que cabe hacer: que los pacientes del SNS en la Comunitat Valenciana opinen en función del uso que ellos hacen del servicio público actual, frente a lo que podría venir con más ideología política que no racionalidad, en la búsqueda de las mejores prestaciones de los servicios públicos.