En España nos hemos acostumbrado a ocuparnos solo de lo urgente, relegando siempre lo importante. Al igual que el problema del nacionalismo no es de hace tres o cuatro años hacia acá, la sostenibilidad del sistema de pensiones no es una cuestión que no se viese venir.

Si el problema aflora ahora es debido, en parte, a la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, pero también a la política de devaluación salarial aplicada en los países del sur de Europa bajo la prescripción de recetas para salir de la crisis.

El gobierno eligió este atajo. Es más rápido mejorar los niveles de competitividad bajando el sueldo de los trabajadores que mejorar la tecnología o ser más productivo por la vía innovación, aunque tenga importantes efectos secundarios.

El poder de compra del salario medio en España se ha reducido de manera que el trabajador medio tiene, al cabo de un año, 347 euros menos en su bolsillo de los que tenía hace dos años.

Como bien saben los economistas, salarios más bajos significan caída en el consumo y en el ahorro, por tanto, también perjudican el nivel de inversión y esto no es un buen dato para las previsiones del PIB.

Cuando se produjo el debate sobre la congelación del salario mínimo interprofesional muchos economistas dieron cobertura a la posición ideológica más neoliberal y tacharon de irresponsable la propuesta. Esgrimieron que si el salario mínimo subía habría más paro, aferrándose al modelo microeconómico clásico.

Sin embargo, la realidad es más compleja y aunque no haya imperativo legal la congelación del salario mínimo interprofesional se traslada siempre a las bases mínimas de la cotización.

Es sabido que una parte importante del déficit de la Seguridad Social está relacionado con los bajos ingresos por cotizaciones, los cotizantes actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales, de manera que salarios paupérrimos suponen menos cotización actual y pone en riesgo la pensión de los que ya hicieron en su día el esfuerzo de aportar a la caja común de la Seguridad Social.

Si se recuperasen los salarios sería posible recaudar entre cinco mil y siete mil millones más de euros en cotizaciones. Los expertos en demografía saben que el riesgo futuro no está tanto en el envejecimiento de la población, como en el estancamiento de la productividad y los salarios de la población activa.

Toda decisión económica genera consecuencias y no contemplar todos los ángulos tiene un precio demasiado elevado.

Así, por ejemplo, el Decreto 16/2012, no sólo recortó cobertura poblacional en materia sanitaria, sino que, además, implantó el copago farmacéutico a los pensionistas. Tuvo sus adeptos, los que argumentaron que un pensionista rico debía pagar sus propias medicinas y no recibirlas gratis.

Sin embargo, otro criterio de justicia podría ser que las medicinas fuesen gratis para todos y que las rentas más altas pagasen impuestos suficientes para cubrir no sólo sus medicinas, también la de otros muchos.

Últimamente parece que no sólo estamos en lo urgente sino que cuando se producen los debates se plantean desenfocados. Algún periodista ha intentado bajar al suelo un debate que en ocasiones se sumerge en las cifras, formulando preguntas como la de que si ¿usted estaría dispuesto a pagar un 20% más de IRPF para sostener las pensiones?

Sin duda, cuestiones como ésa no deben ser el eje del debate, por la misma razón que no se somete a referéndum el establecimiento de impuestos, porque las personas solemos anteponer nuestro egoísmo mal entendido.

Sin embargo, como decía Oscar Wilde, «el egoísmo verdaderamente inteligente consiste en procurar que los demás estén muy bien. Para que, de este modo, uno esté algo mejor».