Opinión

Declaración de Madrid

La llamada «Declaración de Madrid» se ha convertido en un elemento fundamental, por lo menos en este inicio del proceso negociador sobre la nueva PAC. Fue apoyada en un primer momento por seis Estados miembros (España, Francia, Portugal, Irlanda, Grecia y Finlandia) y ahora son ya 14 los países los que la apoyan. Se presentó el pasado 31 de mayo en la capital de España, coincidiendo con el desarrollo de la sesión en la que se debatió y votó la moción de censura que terminó desalojando a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa. En la citada Declaración, que presentará hoy a sus colegas el ministro de Agricultura galo, se solicita a la Comisión Europea «que se aumente el presupuesto de la PAC a su nivel actual de la UE a 27 miembros con el fin de poder responder con éxito a los desafíos económicos, medioambientales y sanitarios y en el marco» de los dos pilares de esta política (pagos directos desarrollo rural).

Ahí es nada. En su redacción no hay lugar para las medias tintas y tras lamentar el recorte del presupuesto de la Política Agrícola Común que Bruselas ha propuesto en su proyecto de marco financiero plurianual para el periodo 2021-27 los ministros insisten en que «esta disminución supondría un riesgo sin precedentes para la viabilidad de las explotaciones agrarias europeas, para los ingresos de los agricultores y para su capacidad de hacer frente a las demandas de la población de una alimentación saludable, sostenible, asequible y de calidad». Pero eso sucedió antes de la llegada de los socialistas y del todavía imputado o investigado Luis Planas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ahora toca saber si este último mantendrá estas mismas tesis y apoyará la «Declaración de Madrid», teniendo en cuenta que la ministra de Economía, Nadia Calviño, la inspiradora del recorte del dinero de la PAC desde su anterior puesto de directora general de Presupuesto de la Comisión Europea, es su compañera en el Ejecutivo, aspira a mandar y, para «más inri», es la presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Planas debe aclararlo, y pronto.