Buena parte de la actual subida de precios en el mercado del alquiler se debe a las regulaciones que restringen la oferta inmobiliaria: tanto la construcción de nuevas viviendas como la puesta en arrendamiento de pisos vacíos. Las normativas urbanísticas (en materia de clasificación, calificación y grado de aprovechamiento del suelo) limitan enormemente la extensión del espacio habitable dentro de nuestras ciudades y, en consecuencia, contribuyen a encarecer sus precios; asimismo, las cargas regulatorias –así como la inseguridad jurídica– que pesan sobre el arrendador desincentivan que muchos inmuebles vacíos salgan al mercado del alquiler, consiguientemente disminuyendo la oferta de arrendamientos y aumentando las rentas que ha de pagar el inquilino. Los buenos políticos que estuvieran honestamente preocupados por el problema de accesibilidad de los ciudadanos a una «vivienda digna» en alquiler deberían comenzar por replantearse todo este océano regulatorio que ciertamente impide aumentar la disponibilidad de viviendas en este mercado. Los malos políticos que sólo gustan de hacer demagogia contra el mercado inmobiliario prefieren, en cambio, cargar contra una genérica e indeterminada «especulación» para, acto seguido, imponer pauperizadores controles de precios sobre los alquileres. Este ha sido el camino, de hecho, que parece querer seguir el Gobierno, fuertemente influido por la demagoga retórica de Unidos Podemos al respecto. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de limitar regulatoriamente los precios que los propietarios pueden exigirles a sus arrendatarios? Pues, en esencia, que la oferta de inmuebles en alquiler todavía se reduciría más: aquellos arrendadores que consideren que la renta máxima fijada por ley no les compensa los riesgos, molestias y daños que les ocasiona el alquiler, simplemente mantendrán sus pisos vacíos fuera del mercado, es decir, simplemente reducirán el stock de viviendas disponibles para ser arrendadas. Los efectos de este tipo de medidas ya se han dejado sentir allí donde se han aplicado: por ejemplo, en Estocolmo. En la capital sueca, las listas de espera para alquilar un piso sometido a controles de precios ascienden a una media de nueve años, y en algunos barrios de la ciudad llegan incluso a los 20 años. Es decir, la oferta de inmuebles en alquiler se ha volatilizado en Estocolmo como consecuencia del mismo control de precios que el Ejecutivo socialista estudia aplicar en España. Claro que algunos políticos pretenden ir incluso más allá: si los propietarios se niegan a alquilar sus inmuebles como consecuencia del control de precios, bastará con aprobar un impuestazo sobre los pisos vacíos o, directamente, con expropiarlos e integrarlos en un parque público de vivienda. Pero de seguir por esta degenerada senda intervencionista, lo único que conseguiríamos es que se esfumara toda nueva inversión privada dirigida a mantener y ampliar el stock de viviendas de España. Es decir, poco más o menos lo que ha sucedido con el mercado inmobiliario en Venezuela: oferta decreciente y deteriorada debido a la ofensiva bolivariana contra la propiedad privada. No copiemos los malos ejemplos internacionales: si queremos alquileres más accesibles, liberalicemos la oferta.