10.000 millones de euros

El PSOE quiere más impuestos y Podemos quiere muchos más impuestos. Ése es el aterrador panorama de la situación fiscal de España: dos partidos de izquierdas que se pelean, y se presionan mutuamente, por extraer la mayor cantidad de recursos posibles a los ciudadanos. Los de Pablo Iglesias presentaron hace unos días su catálogo de exigencias de incrementos impositivos y, desde luego, cualquier persona mínimamente preocupada por el crecimiento económico de España debería aterrorizarse ante lo que proponen. Primero, incrementar en diez puntos porcentuales el Impuesto sobre Sociedades de los bancos para recaudar unos 1.000 millones de euros anuales; segundo, implantar un impuesto sobre las transacciones financieras (por ejemplo, compraventa de acciones) que extraiga 1.300 millones de euros del bolsillo de los ahorradores; tercero, recaudar 4.000 millones disparando la tributación de las empresas por la vía de establecer un tipo mínimo del 15%, eliminar deducciones por doble imposición y limitar a sólo cuatro años el plazo para compensar bases imponibles negativas, así como suprimiendo el régimen fiscal de las sicav y de las socimis; quinto, amasar 1.000 millones adicionales incrementando el tipo marginal del IRPF hasta el 48% para los trabajadores con ingresos entre 120.000 y 150.000 euros anuales, al 50% para aquellos que ingresen entre 150.000 y 300.000, y al 52% para quienes perciben más de 300.000 (asimismo, del 23% al 30% para los ahorradores con rentas pasivas superiores a 300.000 euros); sexto, establecer un tributo especial sobre las empresas digitales que le proporcione a la administración 750 millones de euros; y séptimo, crear un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para sustraer cada año el 1% de su patrimonio y obtener 1.500 millones adicionales.

En total, casi 10.000 millones: o eso es lo que estiman sin tener en cuenta que los agentes afectados reaccionarían. ¿O es que los bancos no pueden repercutir tal subida a sus clientes; los inversores efectuar sus transacciones en mercados internacionales; las compañías desinvertir en nuestro país para invertir en el extranjero (especialmente en el caso de las sicav); los trabajadores cualificados reducir su oferta de trabajo o trasladar su residencia fiscal a otras jurisdicciones; las empresas digitales salirse de España; y los grandes patrimonios refugiarse en el extranjero? Podemos se limita a presuponer que los ciudadanos se quedarán de brazos cruzados mientras son más exageradamente expoliados por el Estado. Pero no lo harán: por eso, no sólo sus pronósticos de recaudación se hallan inflados, sino que además no tienen en cuenta el efecto pauperizador que semejante rejonazo supondría para la economía. Pero estos kamikazes son los socios de Pedro Sánchez.