Los bancos y los jueces

Cuando en el año 2011, en plena crisis económica, las Cortes reformaron el artículo 135 de la Constitución, se produjo un profundo malestar social.

La cuestión de fondo nunca fue el contenido de la reforma sino lo que significaba, en sí mismo, modificar el texto constitucional. De hecho, se daba blindaje constitucional a la idea, ampliamente extendida en nuestra sociedad actual, de que nadie puede gastar más de lo que ingresa. Desde la crisis del petróleo de 1973, los keynesianos quedamos en franca minoría y el gasto público ha sido demonizado por el auge liberal.

Sin embargo, el daño político que supuso la reforma fue de envergadura y no solo por la erosión que sufrió el PSOE. La lectura que hizo la sociedad es que los poderes económicos

–con esa expresión se intenta identificar a los mercados financieros y a los grandes bancos– son los que realmente gobiernan.

En efecto, si los mercados decidían dejar de prestar dinero a un país, éste quebraba, por tanto su posición de fuerza les permitía imponer sus condiciones, que debían ser aceptadas.

En realidad, las cosas no son tan sencillas. Si el Banco Central Europeo hubiese fabricado dinero, como lo ha hecho la Reserva Federal en EE UU del propio BCE desde el año 2014, la situación de privilegio de los mercados financieros hubiese sido nula y la reforma exprés nunca se hubiese producido.

Sea como fuere, a partir de aquél momento, la sociedad española empezó a desconfiar de la utilidad de tener instituciones políticas. Si realmente mandaban los mercados, no hacían falta ni políticos ni instituciones, todos sobraban.

Fue el momento de máximo apogeo del 15-M. Su relato de la realidad cobró fuerza y encarnaron la protesta contra un sistema que, con aspecto de democracia, enmascaraba una oligarquía de los poderes económicos. Lo demás ya lo conocemos todos.

En la medida en que se recupere la economía, si los dirigentes políticos están a la altura, las instituciones podrían recuperar consideración social. Es una cuestión de años y de aprendizaje de que la política, aunque no puede solucionarlo todo, es necesaria.

El presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha decidido convocar el pleno de la misma, cuestionando claramente la decisión tomada el viernes por dicho tribunal sobre la obligación de los bancos de pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas.

La primera reacción ha sido de los juristas expertos en Derecho Procesal, criticando o justificando la medida. Sin embargo, las consecuencias de estas decisiones van más allá de lo jurídico y tardarán un poco más en verse.

De los tres poderes clásicos, el judicial es el menos desprestigiado, a pesar de que no todas sus decisiones son compartidas, la mayoría han sido respetadas porque no ha sido cuestionada, seriamente, su imparcialidad y su independencia.

Sin embargo, la decisión del Sr. Díez-Picazo podrá tener una razón jurídica clara en un caso como éste de cambio de criterio jurisprudencial, pero la presión de las entidades financieras y la rapidez con lo reaccionado dañarán a la institución, porque la lectura de la sociedad será que los poderes económicos son invencibles incluso en los tribunales y, si pierden según las reglas del Estado de Derecho, pues las cambian y punto.

Los errores de una persona no tienen por qué afectar a la institución a la que representa, pero si el error lo comete la institución su reparación es muy difícil. Si el Tribunal Supremo resuelve en función de la capacidad de presión de los principales bancos habrá hecho un flaco favor a la Justicia.

Quizá, los bancos se juegan su futuro, el Poder Judicial también.