Banqueros y jueces que no están sordos

España es un un país pintoresco, enrevesado y rectificador, quizá gótico. Hoy cientos de miles de españoles viven en la duda hamletiana de si los bancos o el fisco les devolverán –y cuándo– las cantidades que pagaron en concepto de Impuestos Jurídicos Documentados cuando contrataron sus hipotecas. El jueves, seis magistrados del Tribunal Supremo abrieron una enorme compuerta a esa posibilidad. El viernes, Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera, puso sordina a una decisión firme. El lunes, Carlos Lesmes, presidente del Alto Tribunal, intentó ordenar el enredo. La sentencia que afirma que esos impuestos deben pagarlos los bancos y no los tomadores de la hipotecas es inamovible. Cómo se aplique y si es retroactiva o no es algo que decidirán el 5 de noviembre los 31 magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo reunidos en pleno. Hasta entonces, hipotecados y aspirantes a hipotecados vivirán en un limbo de incertidumbre, confusión y nervios. Al mismo tiempo el prestigio del Tribunal Supremo y de la Justicia, en definiva, sufre otro empellón notable.

Son malos tiempos para la banca y para el oficio de banquero, que se ha convertido en una actividad de riesgo. Los magistrados del Supremo han adoptado una resolución que, más allá de su rigor jurídico –que nadie duda–, es muy popular. Los altos jueces, sin embargo, dejaron cabos sueltos. Ahora, la gran batalla –más de opinión pública que jurídica– se centra en si la sentencia se debe aplicar de manera retroactiva o no, desde 2014 o incluso desde antes. El asunto es trascendente porque hay miles de millones en juego que, al final, saldrían de las cuentas de los bancos, ya sea porque devuelvan el dinero a los tomadores de las hipotecas o porque Hacienda –las autonómicas–, tras pagar a los afectados, reclame esas cantidades a las entidades financieras. Un problema para todos, pero sobre todo para los bancos, con un Gobierno sonriente porque la atención se desvía hacia las entidades financieras. El lema de la Justicia es ser ciega y sorda y sus intérpretes, los jueces, se afanan en actuar con rectitud. Sin embargo, son humanos y, como dice un magistrado del Supremo, no están sordos y viven en el mundo, y es imposible que se mantengan al margen de toda influencia, aunque sea casi imperceptible. Ahora, hasta el 5 de noviembre, todos los afectados –los que quieren recuperar su dinero y los bancos que esperan que la medida no sea retroactiva– intentarán, desde una mayor o menor distancia, que unos jueces que no están sordos fallen a su favor, en un país pintoresco, enrevesado y rectificador. Quizá gótico.