Hipotecas, la banca contraataca

La sentencia del Supremo que determina que corresponde a los bancos y no a sus clientes pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, además de la incertidumbre que ha generado sobre cómo se aplicará, puede pasar a la historia como la norma que cambió –para bien o para mal– el ahora muy eficaz –a pesar de algunos defectos– mercado hipotecario español. La sentencia buscaba unificar doctrina y es firme, pero la decisión del presidente de la Sala Tercera, Luis Díaz Picazo, de revisar aspectos del asunto en un Pleno, en lugar de clarificar ha alimentado la confusión.

La interpretación de que la sentencia acorrala a los bancos ha provocado jolgorio populista, en un clima general de hostilidad hacia las entidades financieras, que se ven agredidas y han decidido defenderse, cuando no pasar al contraataque. Todo es muy complejo o muy sencillo. Los hipotecados que pagaron el Impuesto quieren que se lo devuelvan los bancos. Sin embargo, éstos ingresaron esas cantidades en las Haciendas autonómicas, que sería a quien los particulares deberían reclamar. Luego, los respectivos fiscos intentarían que los bancos abonaran esos impuestos, pero no es tan fácil, porque la retroactividad de los tributos tampoco está clara. Perdería el erario público.

Los bancos braman contra la incertidumbre jurídica. Alegan que casi los mismos magistrados que emitieron la sentencia del 18 de octubre, hace menos de un año, en un procedimiento de casación para la unificación de doctrina del 22 de noviembre de 2017 se inclinaban a favor de que el impuesto recayera en el hipotecado. Ese cambio copernicano de jurisprudencia del Supremo se justificaría –nadie lo admitirá, pero los magistrados hablan de eso– como consecuencia del avance de los derechos colectivos de los consumidores. Puede ser explicable, pero los bancos creen que tienen material sobrado para defender sus intereses que, a estas alturas, consisten en que apliación de la sentencia sea lo menos retroactiva posible.

El desarrollo del mercado hipotecario, desde los años 90 del siglo XX, permitió que millones de españoles accedieran –en condiciones exigentes pero asumibles– a la propiedad de la vivienda. Quizá tuvieron que asumir condiciones injustas y es lógico que se corrijan, pero hay que evitar la incertidumbre, porque a partir de ahora, acceder a una hipoteca será mucho más difícil y también mucho más caro. Será la reacción de una banca, que se sabe impopular, pero obligada al contraataque. Tal vez para este viaje sobraran alforjas populistas.