José Luis Escrivá ha levantado la liebre. El Gobierno de Pedro Sánchez intentaba que pasara inadvertido el mayor tiempo posible, pero antes o después tendría que desvelarse. El que un tercero avance, por iniciativa propia o por sugerencia, otra descomunal subida de impuestos, quizá quita hierro al asunto, porque introduce la duda de si será cierto o no, pero en ningún caso dulcificará la medida. Escrivá es el presidente de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), un organismo creado por exigencia de Bruselas tras el rescate a las Cajas de Ahorros para fiscalizar a la Administración española. Escrivá y la AIREF siempre fueron incómodos para el Gobierno del PP, sobre todo para Cristóbal Montoro, con quién tenían trifulcas importantes. Ahora, la AIREF –de forma insólita para algunos– se apresuró a decir que el bosquejo de Presupuestos alumbrado a medias entre Podemos y el Gobierno era más o menos realista. Nadie entendía cómo. Quizá por eso, el propio Escriva ha desvelado el truco.

El Gobierno parece ser que planea subir entre un 10 y un 12% las bases máximas de las cotizaciones sociales, aplicable a los salarios superiores a 45.000 euros brutos al año (menos de 2.400 netos al mes en 14 pagas). Pretende recaudar más de 1.000 millones en 2019, en un intento desesperado de que los Presupuestos sean creíbles, con la justificación de allegar más recursos para la Seguridad Social y las pensiones. La medida implica aumentos, en la misma proporción, de los costes sociales para las empresas y, otro tanto, para los trabajadores, que verían minorados sus sueldos. Esas subidas serían las mayores de la historia y abren la vía al objetivo de Podemos de que se destopen las cotizaciones –empresas y trabajadores pagarían a la Seguridad Social un porcentaje de los salarios, ahora cerca del 30%, al margen de su cuantía–, pero sin que eso devengue más derechos en las prestaciones futuras. Es decir, consiste en que los cotizantes paguen más para, más adelante, recibir una pensión igual, en el mejor de los casos, o menor. Afecta, en teoría a más de un millón de trabajadores, pero la lógica indica que ese incremento se desescalará y que quiénes estén cercanos a esos salarios soportarán subidas proporcionales. El castigo es, sobre todo para las empresas, pero alcanzará a los autónomos y repercutirá en el empleo. Un recargo impositivo al trabajo, emboscado en las grandes cuentas, sin contraprestación alguna. Cotizaciones confiscatorias.