Esta noche no ceno, que se j... el capitán

Las masas rebeladas postglobalización, a lomos de la última postverdad y sin haber leído mucho a Ortega, reclaman en las redes sociales y allí donde les dejan gritar, sangre de banquero y llamas de banco. Media docena de magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo encendieron la mecha al cambiar el criterio aplicado durante años y sentenciar que son los bancos –y no sus clientes– quiénes deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados derivado del registro de una hipoteca. La decisión, según cómo se aplicara, podría afectar a cientos de miles de hipotecados, a todos los bancos y a las Haciendas autonómicas. Repercutió en los mercados e incluso pudo poner en duda la seguridad jurídica en España, imprescindible para la economía. El presidente de Sala Tercera, Luis Díaz-Picazo, añadió gasolina al fuego al convocar el pleno de esa Sala para revisar o no el criterio. Generó incertidumbre entre los afectados –clientes y bancos– y malestar entre sus compañeros. Por último, Carlos Lesmes, avivó todavía más el fuego al admitir, con escaso tino, que habían cometido errores.

El pleno la Sala Tercera del Tribunal Supremo se reunió ayer en un ambiente de tensión, interna y externa, y con la espada de Damocles de las reacciones populares a su decisión, porque los jueces son humanos y sensibles a los reproches social. Lo decía en privado, uno de los magistrados: «el cambio de jurisprudencia es el resultado de la fuerza expansiva de los derechos colectivos de los consumidores». Por eso, todo indica que los jueces del Supremo ratificarán que sean los bancos y no los clientes quienes paguen ese impuesto. El incendio, sin embargo, está lejos de apagarse. Más allá de los pleitos –muchos irán camino del Tribunal europeo de Estrasburgo– y de la retroactividad, la primera consecuencia es que los créditos hipotecarios se encarecerán, al menos, en las mismas cantidades de los impuestos que deba pagar el banco. Y será legal y legítimo, por muy odioso que resulte a la clientela, que celebrará el rejón a la banca, pero que en el futuro se beneficiará en poco o en nada. Líderes de los consumidores, como el veterano José Pardo, de Adicae, proponen que si los bancos suben el precio, los clientes dejen de pedir créditos. Es una opción, pero complicaría más el acceso a la vivienda a quiénes necesitan una hipoteca. Convertiría la victoria legal en pírrica porque el perdedor sería el ciudadano que solicite una hipoteca y no la obtenga porque han aumentado las exigencias. Es la versión postglobal de un dicho de los tiempos de la mili: «Esta noche no ceno, que se joda el capitán». Quizá disfrute, pero nunca recuperará esa cena y el capitán ni tan siquiera se habrá enterado.