Hipotecas, paga la banca y Sánchez recoge votos

Pedro Sánchez es un superviviente y lo demuestra día a día. Además, su equipo identifica las oportunidades y las aprovecha como nadie. Tras la sentencia de ayer del Tribunal Supremo, que decidía que correspondía -según la ley- a los clientes pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) derivados del registro de las hipotecas, el presidente se ha apresurado a encabezar la ola popular contra las entidades financieras y ha anunciado que “los españoles nunca más pagarán ese impuesto”. El Gobierno, como no podía ser de otra manera, asegura que respeta las decisiones del Supremo, pero en esta ocasión como no gustan a los ciudadanos, las va a enmendar con un cambio legal. Todo legítimo y también ajustado a derecho, pero también forzado, sin duda. Los hipotecados, en teoría, no pagarán ese impuesto, aunque es probable que los bancos suban algo los tipos de interés que apliquen, lo que no descarta cierta competencia entre entidades para captar más clientes.

La vertiginosa reacción del Gobierno, con su presidente a la cabeza, es una reacción sobre todo política que, en vísperas de las elecciones andaluzas -pero sobre todo con la mirada puesta más allá-, persigue cosechar voluntades que, llegado el momento, se traduzcan en votos. Pablo Iglesias, desde que conoció la decisión del Supremo, anunció movilizaciones y su oposición total. Todos los partidos estaban, con mayor o menos entusiasmo contra el fallo de los jueces, hasta el punto de que la reacción de Albert Rivera -salvo por las movilizaciones- podría ser intercambiable con la del líder de Podemos. Y también el PP estaba incómodo con la decisión del Supremo que, más allá de razonamientos jurídicos, ha hecho todo un papelón. Sánchez, como presidente del Gobierno, tiene la posibilidad de cambiar la ley y, en teoría liberar a los ciudadanos del pago de ese impuesto y que corra a cargo de la banca -algo muy popular- y es lo que ha hecho. Ha visto una oportunidad, que puede darle muchos votos -por lo menos no le quitará ninguno- y simplemente la aprovechado, como quizá ningún gobernante español había hecho hasta ahora. Sánchez, que quizá atravesaba un momento complicado, ha recuperado la iniciativa de la mano de la banca como enemigo popular y ya empieza a contar los votos que le va a dar el Decreto-Ley que permitirá que los hipotecados no paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Había otras alternativas, como suprimir ese tributo -no demasiado habitual en España-, pero es más rentable electoralmente cargar contra la banca, convertida en la mala oficial, por muy imprescindible que sea. En cualquier caso, el Supremo le ha concedido a Sánchez una oportunidad impagable de demostrar su habilidad y su cintura política.