Un cuarto de Chiqui

Chusa Montero, morena importantísima en sus tiempos de consejera de Sanidad, se llama ahora a andana ante la posibilidad de que la Administración, el Estado como garante de sus diecisiete hijas pródigas, deba financiar los 5.000 millones de euros que supondrían la devolución a los hipotecados del impuesto de actos jurídicos documentados, si es que el Tribunal Supremo se hubiera decidido a aplicarla con los cuatro años de retroactividad que amenazaba. Caramba. Con una sencilla división, operación al alcance incluso de esta Pitágoras hispalense, obtenemos un promedio de menos de trescientos millones por comunidad autónoma, aproximadamente un cuarto del «eso-es-muy-poco-Chiqui», unidad de contabilidad sui generis que la ministra de Hacienda ha fijado como desviación presupuestaria fruslera e incluso despreciable: 1.200 millones, a la sazón. Este asunto se enmarca en un proceso que podríamos definir como de transición de España hacia la república bananera, allí donde la seguridad jurídica es una quimera y campa en el poder ejecutivo un ganado que navega de la desvergüenza pasmosa a la verborrea cantinflera, sin que nadie acierte a adivinarle un rumbo. Al fondo, una presión fiscal confiscatoria que no existe voluntad política de mitigar, sino de transferir la carga a los bancos, que a la postre devolverán sus dos mil euritos a los compradores recientes y reescribirán las condiciones para adaptarse sin trauma (ni mordisco a su cuenta de resultados) a la nueva realidad impositiva. Pagamos mucho y lo seguiremos haciendo, o sea, porque la condición de Leviatán es la rapacidad. Este Gobierno, al menos, lo reconoce sin tapujos: no parará hasta arruinar por completo a la clase media. Los que estuvieron y los que pretenden volver empuñan idéntica hacha mientras entonan mendaces cánticos liberales.