Responsabilidad privada, irresponsabilidad pública

España ha sufrido dos grandes crisis económicas en los últimos diez años: la de 2009 y la de 2012. La primera fue causada por la excesiva acumulación de deuda privada (dirigida a financiar la burbuja inmobiliaria), mientras que la segunda fue provocada por la excesiva acumulación de deuda pública (debido a un déficit presupuestario desbordado). Desde entonces, ha habido un intento de corregir ambos desequilibrios. Por un lado, familias y empresas se han apretado enormemente el cinturón para conseguir ahorrar y, merced a ese ahorro, amortizar su sobreendeudamiento; por otro, el sector público ha disparado los impuestos que recaen sobre la ciudadanía y ha recortado algunos de sus desembolsos para así reducir el déficit público y, con ello, dejar de acumular nueva deuda a un ritmo tan vertiginosamente insostenible. De esta manera, el sector privado ha conseguido desapalancarse en 570.000 millones de euros durante la última década. De ellos, 370.000 millones se corresponden con amortizaciones de pasivos empresariales y 200.000 millones con amortizaciones de deudas familiares. Por el contrario, el sector público, si bien ha logrado disminuir su déficit anual desde porcentajes superiores al 10% del PIB hasta cifras cercanas al 3%, ha incrementado su endeudamiento en 770.000 millones de euros (aunque cada año el Estado se endeude a un ritmo menor, sigue acumulando deuda). Ese es nuestro problema de fondo. Mientras que el sector privado ha practicado una ejemplar austeridad que ha contribuido a mejorar la solvencia de España, el sector público se ha dedicado a desandar lo avanzado multiplicando espectacularmente su stock de deuda. Acaso algunos justifiquen este dispar comportamiento en el hecho de que las Administraciones Públicas decidieron tratar de estimular keynesianamente la economía durante los años más duros de la recesión. En aquellos momentos, el Estado consiguió que el sector privado se mantuviera a flote y permitió que familias y empresas mantuvieran ingresos suficientes como para amortizar sus propias deudas. Tal argumento podría llegar a tener cierta base lógica durante los años de la depresión, pero desde luego ya no la tiene durante el presente período de recuperación. Una vez el crecimiento vigoroso ha regresado a nuestra economía, el endeudamiento público como vía para sostener la demanda privada pierde absolutamente cualquier justificación que hubiera podido llegar a tener. En la actualidad, el responsable comportamiento privado se ve del todo empañado por la irresponsabilidad pública. Fijémonos en lo acaecido durante los últimos doce meses: las familias han mantenido plano su nivel de endeudamiento (ni lo han incrementado ni lo han reducido); las empresas han amortizado casi 21.000 millones de sus pasivos; y el sector público ha acrecentado su deuda en más de 45.000 millones. No deberíamos consentir que nuestras administraciones perseveraran en semejante imprudencia financiera. Pese al esfuerzo privado, el conjunto de la economía nacional se halla cada vez más endeudado, lo que nos vuelve mucho más frágiles frente a una posible nueva crisis. Cambiemos de rumbo.