Andalucía necesita mucho más empleo

¿Por qué Andalucía es más pobre que el resto de España y, muy en particular, que las regiones más dinámicas de nuestro país? Si analizamos la información que nos proporciona el INE a través de su Contabilidad Regional, comprobaremos que en 2017 la renta per cápita de Andalucía ascendió a 18.470 euros por ciudadano, frente a los 24.999 euros del conjunto de España o los 33.809 euros de la Comunidad de Madrid. En otras palabras, los ingresos de los andaluces eran, como media, un 26% inferiores a los del conjunto de España y un 45% inferiores a los de los madrileños.

Tales diferencias, además, no son un fenómeno excepcional de los últimos tiempos. Si retrocedemos hasta el año 2000, antes incluso de que comenzara a circular el euro, nos encontraremos con que la renta per cápita de Andalucía ya era entonces de 11.823 euros, frente a los 15.935 euros de España o los 21.333 euros de la Comunidad de Madrid. Es decir, casi dos décadas atrás, la renta per cápita andaluza ya era un 26% inferior a la española y un 45% inferior a la madrileña. ¿Por qué?

Existe una causa fundamental detrás de estas enormes brechas: la tasa de empleo de Andalucía es muy inferior a la de España y, por supuesto, a la de la Comunidad de Madrid. En particular, a finales de 2017, sólo el 43% de los andaluces mayores de 16 años contaban con un empleo, seis puntos menos que en el conjunto de España y once puntos menos que en la Comunidad de Madrid. Si en Andalucía trabajara tanta gente como en España, habría 417.000 trabajadores más; si trabajara tanta gente como en la Comunidad de Madrid, 800.000 ocupados más.

Resulta difícil minimizar el fortísimo impacto que tal volumen de ocupación tendría sobre la renta per cápita andaluza. Dado que, a día de hoy, el PIB por trabajador en Andalucía asciende a 52.230 euros, si la región emulara al conjunto de España y consiguiera crear 417.000 empleos adicionales manteniendo esa productividad media por trabajador, su PIB aumentaría en casi 22.000 millones de euros, con lo que su renta per cápita sería 2.600 euros superior (en lugar de 18.470 euros, la renta media en Andalucía sería de casi 21.100 euros, estrechando en diez puntos su brecha con respecto a la media nacional). En cambio, si emulara a Madrid y creara 800.000 nuevos ocupados con su actual productividad media, el PIB regional crecería en 41.700 millones de euros, por lo que su renta per cápita se incrementaría en unos 5.000 euros anuales (pasando a totalizar casi 23.500 euros, sólo un 6% por debajo de la media nacional).

Por consiguiente, aunque hay muchos factores que pueden explicar el relativo menor estándar de vida de Andalucía frente a España o Madrid, la tasa de empleo aparece como uno de los más relevantes, si no el más relevante. No es de extrañar en una región que, aun hoy y tras varios años de recuperación, sigue exhibiendo una escandalosa tasa de paro de casi el 23% de todas las personas que buscan activamente empleo (frente al 14,5% nacional o al 11,9% de Madrid). ¿Y cómo crear más empleo? Con mayor libertad de mercado (especialmente dentro del mercado laboral) y con impuestos más bajos para atraer inversión empresarial. No son políticas que puedan implementarse únicamente desde la Junta de Andalucía, pero sí son políticas que una Junta de Andalucía responsable debería reclamar con urgencia al Gobierno. El régimen socialista andaluz no lo ha hecho durante las últimas cuatro décadas. Quizá vaya siendo hora de buscar alternativas.

Blanqueamiento de cajas

El dictamen final de la comisión parlamentaria para investigar las causas de la crisis económica se ha saldado con un absoluto fiasco. PP y PSOE han apoyado un informe en el que se exime de cualquier responsabilidad en lo ocurrido a la politización de las cajas de ahorros. Quienes durante años controlaron todos los resortes de la inmensa mayoría de cajas y las abocaron a un desastre financiero mayúsculo, tratan de convencernos ahora de que ellos no tuvieron absolutamente ninguna responsabilidad. Para tal ejercicio de revisionismo histórico han contado con la inestimable complicidad de Podemos, formación que se ha negado a votar en contra de tan vergonzoso dictamen. ¿La razón? Que el modelo de banca al que aspira Podemos –la banca pública– es calcado al modelo de la cajas que ya fracasó en nuestro país y que nos ha costado más de 40.000 millones de euros a los españoles.

Una hucha agotada

La hucha de las pensiones ha ido consumiéndose año tras año desde 2011. Los persistentes déficits de la Seguridad Social han llevado a que, en la actualidad, apenas cuente con 8.000 millones de euros. Además, el Ejecutivo de Sánchez acaba de extraer otros 3.000 millones para pagar la extra de Navidad (de modo que, a cierre de 2018, el saldo del Fondo de Reserva se ubicará en 5.000 millones). Nuestros gobernantes se han fundido con sus intereses cortoplacistas lo que podría haber supuesto un colchón para facilitar la transición hacia un nuevo sistema de pensiones. Se han limitado a gastarse casi 70.000 millones de euros en mantener sin recortes los ingresos de los pensionistas presentes para, de ese modo, comprar su apoyo electoral. Nunca han gestionado las finanzas públicas en nuestro beneficio, sino en el suyo.

Borrell, en la picota

Usar información privilegiada (es decir, información que todavía no se ha hecho pública a toda la comunidad inversora) es considerado un muy grave comportamiento antijurídico dentro de nuestros ordenamientos financieros, pues supone saltarse el principio de igualdad de oportunidades entre todos los operadores. Desde luego, cabría debatir si la prohibición de las transacciones con información privilegiada es una buena idea o no, pero actualmente son ilegales y los propios miembros del Gobierno defienden que deban seguir siéndolo. En tal caso, la sanción impuesta a Josep Borrell por la CNMV debido a la venta de acciones de Abengoa haciendo uso de información privilegiada debería llevar a la dimisión inmediata del ministro. En el Gobierno de la ejemplaridad, los comportamientos no ejemplares no son tolerables... especialmente en aquella cartera que representa a España frente al exterior.