Pues sí, el salario mínimo genera paro

Durante meses hemos venido escuchando desde el Gobierno y su satélite parlamentario de Podemos que el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros mensuales, en realidad, 1.050 euros prorrateándolo en doce pagas, no acarrearía ningún perjudicado y sí muchos beneficiados. Nadie, se nos decía, iba a ser despedido por este incremento salarial y, en cambio, sí serían muchos los obreros que saldrían ganando con esta alza en sus remuneraciones. Semejante diagnóstico ideologizado no era compartido, empero, por prácticamente ningún analista ni ninguna institución. La AIReF estimó en sus modelos que el incremento del SMI destruiría 40.000 empleos; el Banco de España elevó esta cifra a 120.000; y el FMI, si bien no dio un cálculo específico, sí alertó de que el incremento era demasiado intenso y que, consecuentemente, supondría la pérdida de empleos. No hay por qué sorprenderse, debería resultar bastante evidente que si se eleva el coste mínimo de la contratación dentro de España, uno de sus efectos más probables es que disminuya la demanda de trabajadores por parte de los empresarios, esto es, que se cree menos empleo del que alternativamente se habría generado. Desde PSOE y Podemos, empero, siguieron negando tanto el sentido común como las advertencias internas y externas contra su política laboral... hasta este pasado martes. El secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granados, tuvo un arrebato de sinceridad durante la rueda de prensa en la que se anunciaron los (malos) datos de afiliación del mes de noviembre y reconoció que sí, que la subida del SMI genera paro. Atención a sus palabras: «Nosotros no hacemos una previsión de que vayan a destruirse demasiados puestos de trabajo con el salario mínimo, pero es evidente que si hay que subir un 22%, por ejemplo, las jornadas en la agricultura, pues puede haber alguna persona que tenga la tentación de contratar en vez de a 20 personas, a 18. Esto puede existir y no tiene sentido que lo neguemos». Con sentido o sin él, sin embargo, el Gobierno de Sánchez sí lo ha estado negando durante meses. Ahora, por fin, parece que hay una cierta asunción de la realidad. Subir el salario mínimo acarrea costes sociales en forma de puestos de trabajo que dejan de crearse. En consecuencia, si de verdad aspiramos a incrementar sosteniblemente los sueldos de los españoles, ¿no será mejor apostar por otra estrategia distinta a la de incrementar los salarios por ley? ¿Qué tal si flexibilizamos los mercados y bajamos impuestos para así aumentar la inversión empresarial y, a través de ella, la demanda de trabajadores y sus salarios? Que un país que todavía carga con una tasa de paro forzosa del 14% de la población activa esté haciendo experimentos que pueden costarle su empleo a decenas de miles de personas es un gigantesco ejercicio de irresponsabilidad que pone de relieve que los auténticos objetivos de este gobierno no pasan por mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, sino por ejecutar una política económica ideologizada aun a costa de perjudicar legislativamente a los más débiles.