Trámite pre-electoral

El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar, por segunda vez en cinco meses, la senda de déficit para el período 2019-2021. En particular, el Gobierno propone cerrar 2019 con un déficit equivalente al 1,8% del PIB (frente al compromiso inicial del Ejecutivo de Rajoy de concluirlo en el 1,3%), 2020 con uno del 1,1% (frente al 0,3% planeado) y 2021 con uno del 0,4% (frente al superávit que ya proponía Rajoy). Es decir, la senda de déficit de Sánchez supone disminuir de un modo apreciable el esfuerzo de austeridad que habremos de realizar a lo largo de los próximos años, lo que a su vez repercutirá en una mayor acumulación de deuda pública sobre las espaldas de todos los españoles. Ahora bien, a la hora de la verdad el Ejecutivo no tiene ninguna esperanza de que su senda de déficit termine siendo aprobada por las Cortes: a la postre, el Senado continúa poseyendo un poder de veto sobre la misma y, por tanto, todo apunta a que la mayoría del PP bloqueará las pretensiones manirrotas de Sánchez en la Cámara Alta. Pero, siendo así, ¿por qué el Gobierno se lanza a presentar un proyecto de déficit con una nula probabilidad de salir aprobado? En esencia, por una razón formal: la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera exige que la senda de déficit haya sido remitida a las Cortes en al menos dos ocasiones como paso previo a iniciar los trámites para aprobar los Presupuestos. Ésa es la única razón para dar traslado a las Cortes la senda de déficit: cumplir con un formalismo legal para poder tramitar los presupuestos. Ahora bien, si finalmente la senda socialista se estrella contra el muro del Senado, entonces el Gobierno deberá elaborar unos nuevos presupuestos que respeten el objetivo de déficit del 1,3% del PIB, es decir, unos presupuestos con mucha menos capacidad para inflar el gasto que los actuales y, por tanto, también con menor capacidad para establecer redes clientelares de cara a los próximos comicios generales. Tan es así que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha confirmado que, si no sale aprobado el objetivo del 1,3% para 2019, el Ejecutivo tendrá que reelaborar su proyecto de presupuestos sobre la base del 1,8% marcado por la senda de Rajoy: pero, en tal caso, les resultará harto complicado que los presupuestos lleguen a ser aprobados en las Cortes, puesto que Podemos ya ha anunciado que votará en contra de cuentas más austeras que las pactadas hace meses con el PSOE. Entonces, ¿por qué Sánchez da trámite a un proceso que aparentemente le conducirá a un callejón sin salida? Solo existen dos explicaciones. La primera es que, en contra de lo anunciado por Celaá, el Ejecutivo no piensa replantear el fondo de sus presupuestos: del mismo modo en que ha tratado de engañar a la Comisión Europea con un borrador de cuentas que ni siquiera garantiza la consecución del 1,8% de déficit, también podría tratar de engañarnos a todos prometiendo sobre el papel un déficit del 1,3% pero programando medidas que lo eleven muy por encima de esa cifra%. Existe, empero, una segunda explicación: que el auténtico objetivo de Sánchez no sea aprobar los presupuestos sino que éstos fracasen en el Congreso. De este modo, podría escenificar ante la opinión pública su distanciamiento del independentismo catalán, así como obtener una excusa para convocar elecciones ante la ingobernabilidad de la presente legislatura. En cualquiera de ambos casos, se trataría de un nuevo ejemplo de instrumentalización de las instituciones para promover con ello los intereses políticos personales.