El Gobierno quiere seguir dificultando la contratación

El Gobierno de Sánchez se le está poniendo cara de Macron. Sin necesidad de estar asediado por una ola de indignación del estilo de los chalecos amarillos, sus malas perspectivas electorales, y la consecuente desesperación de sus miembros por apuntalarse en el sillón, están conduciéndole a plantear ocurrencias sin mayor fundamento que la expectativa de un cierto impacto electoral entre los votantes de izquierdas. En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de anunciar que el Ejecutivo se plantea seriamente elevar el salario mínimo hasta la cifra de 1.000 euros mensuales en 2020, después de haberlo subido hasta los 900 euros en 2019. La cifra acaso les continúe pareciendo insuficiente a muchos ciudadanos, que aún considerarán que un salario de 1.000 euros mensuales es «indigno». Lo cierto es que tal salario mínimo representa un coste laboral muy superior para el empresario. Primero, el salario de 1.000 euros está compuesto por 14 y no por 12 pagas, de modo que el auténtico salario mensual prorrateado no serían 1.000 euros sino 1.166. Segundo, la empresa no sólo ha de hacer frente al coste salarial en sentido estricto, sino también a las cotizaciones sociales derivadas de haber fichado a un trabajador. Éstas equivalen al 29,9% del salario y, por tanto, aumentan el coste de contratación hasta los 1.515 euros mensuales.

Tercero, cada empleado devenga el derecho a 2,5 días de vacaciones pagadas por cada mes trabajado, lo que significa que al anterior coste laboral hay que añadirle el monto de 125 euros mensuales, disparando el coste total de la contratación hasta los 1.640 euros mensuales. Esta cifra se halla mucho más cerca del coste laboral mínimo que la de los 1.000 euros que suelen mencionarse y que, como hemos visto, sólo recogen una parte de la realidad diaria de los empresarios españoles. De hecho, el coste final es incluso superior al que hemos apuntado, puesto que es necesario incluir otros gastos como el devengo de la indemnización en caso de despido. En consecuencia, es esta cifra la que hemos de tener en mente cuando analicemos la dificultad de crear empleo en España. ¿Realmente nuestro actual tejido empresarial es capaz de incorporar a sus plantillas a más de dos millones de parados y de obtener una rentabilidad por ocupado que supere los 1.640 euros mensuales? Si la respuesta es que no, es decir, si pensamos que no todos los empresarios poseen buenas ideas como para generar semejante retorno, entonces el efecto previsible de aumentar el salario mínimo hasta esos niveles será la condena al paro estructural de buena parte de la población española desempleada. Aquellas personas incapaces de crear un valor añadido dentro de una empresa superior a 1.640 euros mensuales se volverán inempleables. Todo, eso sí, en nombre de la dignidad. Por fortuna, parece que este anuncio quedará en un mero slogan de campaña. Con los presupuestos en vía muerta, y Sánchez escenificando en el Congreso su ruptura con las formaciones independentistas, se antoja del todo imposible que este Gobierno sea capaz de llegar vivo a 2020.