El PSOE limitará más la oferta

Los precios del alquiler en las grandes urbes españolas llevan aumentando sostenidamente desde 2014. De hecho, en la actualidad, los madrileños y los vascos han de destinar como media el 44% de sus salarios a hacer frente al pago del alquiler. En el caso de los catalanes, tal porcentaje se eleva hasta el 51% (mucho menor, eso sí, es en el resto de España, donde oscila entre el 20% y el 30%). Varios factores explican esta escalada.

Por un lado, el continuado crecimiento de la demanda: la memoria del reciente colapso inmobiliario ha conducido a muchos españoles a reemplazar la compra de inmuebles por su alquiler; asimismo, la recuperación económica y la consecuente creación de empleo han llevado a que quienes durante la peor parte de la crisis no podían permitirse alquilar ahora pasen a hacerlo. Adicionalmente, las grandes ciudades, en la medida en que concentran la creación de riqueza del conjunto del país, se han convertido en un potente foco de atracción de nuevos residentes procedentes del reto de España. Por último, el auge turístico mediante las nuevas plataformas de alquiler de apartamentos parece haber tenido igualmente alguna (aunque menor) repercusión sobre los precios.

Por otro lado, en el alza de los alquileres también han influido las restricciones en la oferta de vivienda. Los «ayuntamientos del cambio» han sido especialmente contrarios a incrementar la oferta de suelo edificable o a flexibilizar el aprovechamiento del suelo edificado, lo que ha impedido que se construyan nuevos inmuebles. A su vez, la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios de segundas viviendas los llevan a preferir mantenerlas vacías antes que exponerse al riesgo de ocupación. La conjunción de más demanda y misma oferta se materializa inevitablemente en mayores precios. Así las cosas, ¿cómo frenar la sostenida subida que estamos experimentando?

O fomentando la oferta o reprimiendo la demanda. Fomentar la oferta implicaría facilitar la construcción y el alquiler, mientras que reprimir la demanda consistiría en racionar quiénes pueden alquilar una vivienda y para qué. Sólo el primer camino es verdaderamente compatible con la prosperidad para todos. Por desgracia, el Gobierno parece más interesado en aprobar medidas que generen un cierto eco mediático aun siendo ineficaces para lograr una vivienda más asequible. El Consejo de Ministros modificó ayer en dos direcciones la Ley de Arrendamientos Urbanos: incrementar de 3 a 5 años la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler y limitar a dos meses la fianza exigible al inquilino.

Son dos medidas que sólo incrementan el riesgo de alquilar y que tenderán a aumentar el número de viviendas vacías. Los más perjudicados serán aquellos con rentas más bajas y que más dudas puedan generar entre los arrendadores. Si de verdad aspiramos a rebajar los alquileres, las políticas deberían ser muy distintas: liberalización del suelo y mayor protección jurídica de la propiedad inmobiliaria. Lo opuesto de lo que propone el PSOE.