El PSOE pacta cargarse la reforma laboral

Los tambores de elecciones suenan y el PSOE necesita rearmar su munición electoral. Por eso, el Gobierno acaba de llegar a un acuerdo con los sindicatos para derogar dos aspectos clave de la reforma laboral: el fin de la ultraactividad de los convenios y la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial. No está ni mucho menos claro que el Ejecutivo sea capaz de reunir los apoyos parlamentarios necesarios para tumbar sendos aspectos, pero la mera intención de hacerlo ya le sirve como reclamo ante los votantes de izquierdas. De hecho, constituiría un absoluto error que por mero dogmatismo izquierdista alguno de estos aspectos de la reforma laboral terminara decayendo. En primer lugar, la no retroactividad de los convenios trata de asegurar que éstos no se apliquen automáticamente en contextos socioeconómicos para los que no fueron concebidos.

En particular, con ultraactividad, si los sindicatos se niegan a negociar un nuevo convenio, el antiguo continuará aplicándose indefinidamente el vigente. En este sentido, imaginemos que patronal y sindicatos pactan en 2006, en plena burbuja inmobiliaria, que los salarios de la construcción aumentarán un 4% al año; y así, en 2009, en pleno desplome del sector y mientras las empresas del ramo en una situación de extrema debilidad, éstas se ven forzadas a aumentar los salarios al mismo ritmo que durante el boom, lo que las abocará a la bancarrota a menos que los sindicatos den su brazo a torcer y negocien un nuevo convenio. En otras palabras, el marco laboral necesita de un mecanismo que nos permita escapar de convenios negociados en condiciones económicas distintas a las vigentes: y ese mecanismo es la ausencia de ultraactividad de los convenios con la que ahora el PSOE quiere acabar.

En segundo lugar, la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial significa que las condiciones laborales aceptadas por los representantes de los trabajadores dentro de una compañía tienen prioridad sobre las pactadas por los sindicatos para el conjunto de una industria. Gracias a ello, cada compañía puede adaptar dinámicamente su estructura de costes (salariales) al entorno real al que se está enfrentando, esto es, puede evitar verse sumergida en el magma general de una industria que no tiene por qué atravesar el mismo contexto económico que ella. Por ejemplo, que el sector de los supermercados pase por un buen momento no significa que todos los supermercados pasen por ese buen momento, por lo que es necesario habilitar un mecanismo que permita a la empresa de supermercados en dificultades desvincularse del convenio sectorial: y ese mecanismo es el que ahora el PSOE desea cargarse.

En definitiva, el Gobierno de Sánchez, en un momento de desaceleración económica creciente, planea cargarse una de las pocas mejoras institucionales que experimentó nuestro país durante la última década y que le ha permitido sortear desde 2012 la destrucción de un millón de empleos. Debe ser que Sánchez prefiere el rédito electoral a corto plazo que semejante volantazo pueda reportarle que el daño a largo plazo que éste pueda generar sobre los trabajadores.