La «revolución fiscal» de PP y Ciudadanos

Partido Popular y Ciudadanos prometieron aplicar una «revolución fiscal» en Andalucía. La región ciertamente la necesita, pues debería diferenciarse del resto de territorios españoles mediante una tributación sustancialmente más atractiva que atraiga a la inversión empresarial y que contribuya a generar empleo. Sin embargo, la tantas veces mentada «revolución fiscal» se quedará apenas en una reformita tributaria: el pacto económico de ambas formaciones apenas incluye una rebaja del Impuesto sobre Sucesiones (bonificaciones del 99% en la cuota de aquellas transmisiones hereditarias entre parientes directos), una reversión de la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del año 2012 (lo que supondrá una reducción del 8% al 7% para las viviendas con un valor de menos de 400.000 euros y del 9% o 10% al 8% si el valor del inmueble supera los 400.000 euros), una reducción de todos los tramos del IRPF (aunque no se especifica en cuánto, lo que hace temer que no vaya a ser demasiado) y la eliminación de los tipos autonómicos agravados en el Impuesto sobre el Patrimonio (lo que en la práctica supondrá una rebaja máxima de 0,53 puntos para el tramo más alto de esta figura fiscal).

En conjunto, pues, buenas medidas pero nada revolucionarias: la Comunidad de Madrid, por ejemplo, seguirá teniendo una fiscalidad bastante más atractiva en prácticamente todos los frentes (bonificación total del Impuesto sobre Patrimonio, tipos del IRPF sustancialmente más bajos o gravamen del 6% en el ITP, frente al 7-8% de Andalucía) y en ningún caso cabría calificarla de una autonomía con una estructura fiscal revolucionaria. ¿A qué cabe atribuir, pues, esta disonancia entre las consignas electorales y las realidades políticas? Por un lado, al típico ejercicio de propaganda partidista: exagerar los mensajes que reciben los votantes con la esperanza de captar su apoyo y fidelidad. Pero, por otro, la disonancia también pone de manifiesto las auténticas limitaciones a las que se enfrenta cualquier político autonómico que quiera rebajar los impuestos en su comunidad.

En primer lugar, sin sustanciales recortes del gasto público no hay forma de aplicar fuertes reducciones impositivas: y el sustancial recorte del gasto por necesidad ha de ir más allá del tan vacío como abusado concepto del «gasto político» (sí, claro que hay que recortar el gasto superfluo y parasitario de la administración, pero ello no es suficiente para aprobar profundas rebajas fiscales). En segundo lugar, la autonomía fiscal de los gobiernos regionales no es tan grande como podríamos suponer: las administraciones territoriales disponen de un alto grado de autogobierno para gestionar (irresponsablemente) su propio gasto, pero carecen de él para gestionar (responsablemente) sus propios ingresos.

Existen impuestos que quedan fuera del ámbito autonómico (como el de Sociedades, cuya rebaja sería crucial para que una región como Andalucía pudiese captar más empresas) y, además, la mayor parte de la recaudación de aquellos tributos que sí recaen bajo su competencia es ulteriormente redistribuida a través del sistema de financiación autonómico. En definitiva, con el pacto PP-Cs, Andalucía será un infierno impositivo menos abrasador, pero tampoco creamos que se va a gestar ninguna revolución fiscal: sus gobernantes ni quieren ni pueden hacerlo.