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Opinión
La relación de los españoles con los impuestos resulta un tanto esquizofrénica. De acuerdo con Funcas, un 57% de los ciudadanos considera que paga «muchos» impuestos (y sólo un 5% opina que paga «pocos»). Sin embargo, al mismo tiempo, el conjunto de la población se muestra moderadamente partidario de aumentar todavía más los impuestos si es para destinarlos a financiar nuevos servicios públicos.
En principio, cabría pensar que esta actitud se debe a que, en general, los españoles valoran enormemente estos servicios públicos y, por tanto, aceptan sacrificarse pagando aún más impuestos a cambio de recibir una mayor cantidad de esos maravillosos servicios públicos. Sin embargo, de acuerdo con este mismo sondeo, los ciudadanos exhiben una valoración apreciablemente negativa de los servicios públicos: en educación, obras públicas y pensiones, las calificaciones negativas superan a las positivas, de modo que sólo sanidad recibe una nota netamente positiva.
De nuevo, uno podría tratar de conciliar estos resultados aparentemente contradictorios –«pagamos demasiado, pero queremos pagar más para recibir algo que valoramos muy poco»– recurriendo al argumento de que esa baja valoración de los servicios públicos se debe esencialmente a los recortes del gasto. A saber, que si los ciudadanos están decepcionados con las actuaciones del Estado es porque han sufrido profundos tijeretazos en sus dotaciones presupuestarias, lo que impide que éstas cuenten con una calidad suficiente. Ahora bien, si esta interpretación fuera correcta, los españoles deberían mostrarse altamente satisfechos en términos relativos con el Estado. Es decir, aunque la satisfacción absoluta con los servicios públicos sea baja (por su insuficiente financiación), su satisfacción relativa debería ser muy alta (deberían considerar que están recibiendo bastante del Estado en relación con los impuestos que abonan). Pero esto no es lo que sucede.
Cerca de dos tercios de los ciudadanos manifiesta que la sociedad se beneficia «poco o nada» del dinero pagado vía impuestos o cotizaciones sociales. Los españoles creen pagar muchos impuestos, pero desean pagar todavía más para recibir a cambio algo que no valoran demasiado y por lo que creen que hasta la fecha no se benefician en casi nada. ¿Irracional? No necesariamente. Existe una interpretación que permitiría encajar todas estas piezas aparentemente contradictorias: cada español considera que él paga demasiados impuestos, pero a su vez piensa que otros («los ricos») pagan demasiado pocos impuestos, lo que a su juicio conduce a que los servicios públicos estén infrafinanciados, sean de baja calidad y, en consecuencia, no le compensen los elevados tributos que regularmente abona.
Como es obvio, cuando todos los ciudadanos –o una amplia mayoría– se adhieren a este análisis es porque probablemente nadie esté pagando pocos impuestos y, por tanto, los servicios públicos no son de mala calidad por estar infrafinanciados, sino por estar mal administrados (y, añadiría yo, están mal administrados por ser públicos). Ojalá los españoles comiencen a entenderlo y reclamen sin complejos una profunda reducción impositiva que vaya de la mano de un contundente adelgazamiento del Estado.
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