Ética y estética

El Partido Popular y Ciudadanos han puesto sobre la mesa de los dieciséis eminentes juristas y expertos que componen la Junta Electoral Central un dilema que, seguramente, deberían haber resuelto antes el decoro político, la ética gubernamental y el sentido común, a veces tan lejos de los usos y formas partidistas que imperan en estos momentos.
En una democracia moderna y consolidada como la española debería ser innecesario imponer medidas que garanticen la estricta neutralidad de los distintos, numerosos y poderosos mecanismos públicos que el poder pone a disposición del gobierno de turno. Pero los antecedentes, bien próximos, de Pedro Sánchez y sus ministros –el uso y abuso del Falcon, las encuestas oficiales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) manejadas por un militante del PSOE como José Félix Tezanos, los decretazos en el Boletín Oficial del Estado o los «llamativos» informativos de RTVE– han obligado a Pablo Casado y Albert Rivera a exigir que la JEC mediase y pusiese límites reglamentarios para que las comparecencias de la portavoz del Gobierno no se conviertan en mítines socialistas o incluso linchamientos de la oposición en directo y en «prime time» desde la sede de La Moncloa. Como viene sucediendo, por cierto, durante los últimos meses.
Parece exagerado suspender de raíz esas comparecencias públicas tras los Consejos de Ministros de los viernes, que llevan realizando durante cuatro décadas Ejecutivos de distinto color político. Bien es cierto que nunca habían llegado al descrédito al que Isabel Celaá las ha conducido, al menos hasta que este pasado viernes la propia ministra pareció autoenmendarse y comparecer, por fin, como lo que es: la portavoz del Gobierno y no la candidata del PSOE por Álava. Aunque quizá solo se estaba reservando para «dar la nota» luego, junto a la esposa del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, y otras ministras en la cabecera de la manifestación del 8-M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
La igualdad de oportunidades, el juego limpio y el escrupuloso respeto a las reglas del juego democrático deberían ser suficiente marco legal y administrativo para evitar bochornos a todos los españoles. Sánchez y el PSOE se lo deberían hacer mirar si sus reiteradas prácticas en estos ocho meses del «Gobierno bonito» han obligado a reunirse a esos «dieciséis hombres justos» de la Junta Electoral Central para examinar el estado del que siempre debe ser un terreno electoral que garantice la igualdad de las fuerzas políticas.