Izquierda es vivienda inaccesible

Juan Rallo

Las competencias de las corporaciones locales son mucho más restringidas que las de una comunidad autónoma o que las del gobierno central. En principio, los ayuntamientos deberían preocuparse por proporcionar unos servicios municipales decentes en materia de limpieza, seguridad, alumbrado, alcantarillado o transporte urbano. Por ello, el margen que tienen los políticos locales para perjudicar gravemente a los ciudadanos es bastante escaso. Sin embargo, existe una competencia municipal que sí afecta de manera muy directa y crucial a los ciudadanos: el urbanismo.

En teoría, los ayuntamientos establecen una normativa urbanística con el propósito de lograr un cierto desarrollo armónico de las ciudades, especialmente en relación con la provisión de infraestructuras. En la práctica, no obstante, las regulaciones urbanísticas se han convertido en armas políticas empleadas para limitar artificialmente la oferta de vivienda, lo que termina encareciendo sus precios tanto de compraventa como de alquiler. Y resulta que esta progresiva inflación de la vivienda se está convirtiendo en uno de los principales factores que está deteriorando la calidad de vida de las clases medias: en la medida en que el coste de acceso a un alojamiento aumenta más rápido que las rentas de los ciudadanos (en los últimos años, por ejemplo, el precio de la vivienda se ha más que duplicado en la OCDE, mientras que las rentas medianas apenas se han revalorizado un 34%), esos ciudadanos se empobrecen.

De ahí que resulte tan importante qué equipos de gobierno resulten electos en las presentes elecciones municipales, porque a ellos les corresponderá decidir la política urbanística de las ciudades durante los próximos cuatro años, esto es, les corresponderá afrontar el cada vez más preocupante problema de la vivienda en España. Los antiguamente llamados «ayuntamientos del cambio» –es decir, coaliciones de gobierno de izquierda radical– han controlado las principales urbes españolas durante los últimos cuatro años y, claramente, han fracaso en su empeño de conseguir que la vivienda se convierta en un bien asequible y accesible para el conjunto de la población. No es casualidad: el eje de la política urbanística de Podemos y de otros partidos asimilados ha sido esencialmente la restricción de la oferta (ahí está, por ejemplo, la extrema lentitud en la aprobación de la Operación Chamartín), ligada a una cierta subsidiación de la demanda. El resultado –menos oferta, más demanda– no podría ser otro que una continuada alza de los precios. Ahora, cuando el encarecimiento de la vivienda pone de manifiesto el fracaso de su política urbanística, sólo han sido capaces de proponer el establecimiento de un control de alquileres con el que supuestamente frenar la escalada de precios. Por ejemplo, siguiendo la estela de la franquista Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, el consistorio de Ada Colau acaba de regular la evolución de los alquileres en Barcelona: una medida que, por desgracia, corre el riesgo de extenderse a otras ciudades españolas después de este 26 de mayo.

En este sentido, la evidencia empírica es sobradamente concluyente: establecer límites al aumento de los alquileres no incrementa la accesibilidad de la vivienda para el conjunto de la población, sino que tiende a generar un desabastecimiento y un deterioro de la oferta de vivienda aun mayor al actual. En otras palabras, si el objetivo es que la disponibilidad de pisos en alquiler se reduzca radicalmente y que se paralice la inversión en incrementar o mejorar el stock de vivienda, entonces los ayuntamientos del cambio sí cuentan con la política urbanística adecuada. Si, en cambio, el objetivo es facilitar la compra o el alquiler de vivienda, entonces el único camino es aquel que justamente no quiere recorrer la izquierda: liberalizar el suelo y la legislación urbanística para lograr que el sector privado pueda aumentar muy significativamente la oferta de inmuebles.