Envejecimiento poblacional, estancamiento económico

La ciudadanía española envejece: en la actualidad, las personas mayores de 66 años apenas ascienden al 26% de la población en edad de trabajar; en 2050, en cambio, se espera que representarán alrededor del 55%. Es decir, mientras que a día de hoy contamos con cuatro personas en edad de trabajar por cada ciudadano mayor de 66 años, en 2050 contaremos con menos de dos. Semejante envejecimiento demográfico va a plantear desafíos sobre nuestra capacidad de generación de riqueza futura, es decir, sobre nuestra capacidad para incrementar bienestar futuro. No en vano, una población envejecida reduce el crecimiento potencial de la economía por tres vías.

Primero, el envejecimiento disminuye en última instancia la población ocupada dentro de una economía (salvo que, en paralelo a ese envejecimiento, aumente la población activa o se reduzca la población desempleada). Menor número de trabajadores es un menor número de personas fabricando bienes y servicios. En principio, este lastre al crecimiento podría contrarrestarse mediante una mayor automatización de los procesos productivos (sustituyendo a los trabajadores que van jubilándose por máquinas), pero desgraciadamente esa automatización requiere de un continuado esfuerzo innovador que mejore nuestra dotación tecnológica, y una población envejecida está vinculada a una economía menos empresarial e innovadora.

Segundo, el tipo de habilidades con las que cuentan los trabajadores más envejecidos es necesariamente distinto a aquellas con las que cuentan los trabajadores más jóvenes: las personas con menor edad pueden realizar tareas físicas más exigentes o desarrollar actividad de tipo más numérico o tecnológico (en cambio, las personas con mayor edad suelen ser mejores en aquellos empleos que requieran de una mayor experiencia previa). En la medida en que la economía del mañana necesite a trabajadores bien formados en tecnología, el envejecimiento puede lastrar nuestro crecimiento.

Y tercero, en economías donde el sistema de previsión social está organizado a través del Estado de Bienestar, una población más envejecida necesariamente va de la mano de un gasto público muy superior y, por tanto, también de impuestos más elevados sobre la población ocupada. Impuestos más altos provocan que los trabajadores en activo posean un menor incentivo a trabajar (pues una parte creciente de su salario les es fiscalmente arrebatada), lo que contribuye a reducir el número de horas trabajadas (especialmente entre el personal más altamente cualificado) y, por tanto, disminuye el PIB.

En definitiva, el progresivo envejecimiento de la población española va a tener un impacto muy negativo sobre nuestra capacidad de crecimiento debido al menor número de trabajadores, al menor impulso innovador y empresarial, a las peores habilidades tecnológicas y a la muy superior carga fiscal que se nos avecina. No existen fórmulas mágicas para contrarrestar esta inquietante tendencia, pero sí deberíamos intentar compensarla a través de dos mecanismos.

El primero es la inmigración: si facilitamos los flujos migratorios de personas que respeten las bases de la convivencia de nuestra sociedad y que puedan insertarse en nuestro mercado laboral, lograremos frenar gran parte de los efectos de nuestro envejecimiento demográfico. El segundo es la automatización de los procesos productivos: si aceleramos hoy el salto hacia la robotización, seremos capaces de compensar en el futuro las menores disponibilidades de mano de obra. Pero, para lograr lo uno y lo otro, el Estado debe intervenir mucho menos sobre la economía. Debe reducir sus restricciones a la migración y debe facilitar fiscalmente la inversión empresarial. De no hacerlo, sí quedaremos totalmente expuestos a los perjuicios de una población cada vez más envejecida.

La bomba de las pensiones

El Banco de España no sólo acaba de advertirnos sobre los riesgos que el envejecimiento puede acarrear sobre nuestro crecimiento potencial, sino también sobre la bomba de relojería que suponen las pensiones públicas. Conforme el número de pensionistas continúe aumentando y el de trabajadores en activo siga reduciéndose, los gastos de la Seguridad Social se irán disparando (hasta suponer más del 17% del PIB) y los ingresos se quedarán estancados. ¿Cómo hacer frente a este shock demográfico que impactará sobre nuestro sistema público de reparto? Según el Banco de España, sólo cabe combinar tres estrategias: recorte efectivo de las pensiones, aumento del ahorro privado complementario y mayor transparencia del sistema para facilitar la planificación financiera de los españoles. Pero el Gobierno socialista no está remando en esa dirección.

Podemos quiere una renta básica

Una de las principales condiciones que le ha impuesto Pablo Iglesias al PSOE para apoyarle en la investidura es el establecimiento de una renta básica de ciudadanía por importe de al menos 600 euros mensuales: es decir, que el Estado habrá de asegurar que todas las personas alcancen como mínimo unos ingresos de 600 euros a final de mes, aun cuando esas personas rechacen trabajar. Al margen del sobrecoste presupuestario que acarrearía una medida de este calibre (algo poco razonable en un contexto de deuda pública cercano al 100% del PIB y con una bomba demográfica-pensional en ciernes), este tipo de medidas recompensaría la inactividad y el estancamiento económico. Incluso aquellas personas que se negaran a generar riqueza para los demás cobrarían una renta financiada por los impuestos coercitivamente extraídos a los demás.

El colapso de Venezuela

Que la economía venezolana ha colapsado es algo que, hasta la fecha, sólo negaban los partidarios de la tiranía bolivariana. A partir de ahora, sin embargo, ni siquiera podrán negarlo los partidarios del régimen: el Banco Central de Venezuela acaba de actualizar –tras tres años de apagón informativo– las estadísticas de Contabilidad Nacional relativas a PIB, inflación y comercio exterior, y la imagen que describen es dramática. En los últimos cinco años, el PIB se ha hundido un 52%, la moneda ha perdido el 99,6% de su valor y las importaciones se han hundido un 70%. Es decir, la economía y la sociedad han entrado en fase de descomposición acelerada. Y lo hicieron, de acuerdo con esas mismas estadísticas, antes de que EE UU comenzara a imponerles sanciones. El socialismo genera miseria.