Explicaderas, entendederas y aceptaderas

Para salir de un mal paso es recurso habitual en política apelar a «fallos de comunicación». Tal recurso sorprende porque el político –máxime si gobierna– tiene medios de comunicación, periodistas o columnistas favorables, cuando no apesebrados. Y en otro orden, si el político quiere evitar dar razones suele disfrazar su discurso a base de frases huecas, estereotipadas, campanudas.

Nada de esto es predicable del Poder Judicial, poder que se ejerce desde el expreso mandato constitucional de motivar las decisiones y no hay escapatoria: aquí no valen razones huecas, estereotipadas o campanudas o dejar de pronunciarse sobre cuestiones controvertidas; no, el juez debe dar razón objetiva de lo que decide y por qué lo decide y hacerlo en unos términos que eliminen cualquier tipo de indefensión.

Siendo el único de los tres Poderes con tal obligación, sorprende que sea el más incomprendido. La razón quizás esté en que se expresa a base de razones «técnicas», entendiéndose por tales las que responden a una lógica –la jurídica– no siempre comprensible para el profano: no en balde aparte de los años de universidad, más unas oposiciones a las que hay que dedicar una media de cuatro años y dos años más de Escuela Judicial, el argumento y el lenguaje al que se debe el juez pesan mucho.

Aun así el juez no puede parapetarse en una jerga inaccesible, aunque no cabe olvidar que el ciudadano acude a los tribunales con un abogado, parte cuyos honorarios consiste en explicarle las cosas al cliente. Con todo la Justicia tiene que hacer un esfuerzo para explicarse, y una sentencia clara y comprensible –aun revestida de los rigores jurídicos– tiene menos probabilidades para ser manipulada. Ahora bien, que al juez se le exijan «explicaderas» no quita para que se espere del observador que tenga «entendederas».

Esto requiere mucha honradez intelectual y no sólo eso, sino un relevante esfuerzo: leer las resoluciones. Y si aun así no se entienden, pues el interesado –o la opinión pública– deberá buscar quien se las explique y esto no es un problema exclusivo de la Justicia: a veces leo noticias sobre cuestiones de política monetaria o arancelaria, por poner dos ejemplos, y no me entero. Pero tampoco me enfado ni las interpreto como me venga en gana, ni las despacho con expresiones ignorantemente telúricas: procuro dar con un blog o con un medio que tenga buenos profesionales que expliquen esos arcanos.

Pero hay un tercer paso. El juez podrá tener buenas «explicaderas», el ciudadano hasta buenas «entendederas» pero todo se hunde si falla otro requisito elemental: hay que tener «aceptaderas», algo a lo que me refería hace pocas semanas a propósito de la costumbre de analizar las sentencias desde criterios políticos o ideológicos, es decir, juzgar la sentencia como una voz más que suena en esa pelea tumultuaria, en ese batiburrillo de corrala que es nuestra política.

Al dato. La sentencia del procés –como alguna más que evito– muestra que el Tribunal Supremo ha hecho un esfuerzo de claridad en la propia sentencia, es más, su servicio de prensa elaboró resúmenes para liberar a más de uno del honrado esfuerzo de leer sus quinientos folios, luego «explicaderas» las ha habido como pocas veces; y en el capítulo de «entendederas», con todo lo que se ha informado, quien haya tenido interés ha podido hacer un minimaster en delitos de rebelión y sedición, para así captar sus diferencias. Pero la crítica no ha menguado, luego el problema se localiza en las «aceptaderas»: de unos porque a juzgar por su reacción parece que los líderes del procés han quedado absueltos de todo delito y de otros porque para ellos parece que se les ha condenado al cadalso.

Este déficit de «aceptaderas» se acentúa por la manía de nuestros políticos de endosar al juez la solución de conflictos netamente políticos que no han sabido o querido solucionar, ahora bien, se indignan cuando del juez les llega una respuesta jurídica y no política. Es una forma hábil de ocultar su irresponsabilidad, máxime si han tenido oportunidad de cambiar a aquellas leyes que los tribunales, al aplicarlas, las llevan a sus lógicas consecuencias. Pero eso más que un problema de «aceptaderas» es ya de hipocresía.