Impeachment español 102CE

Lo que mal empieza, mal suele acabar. El esperpento –por decirlo suavemente– en el que el actual Presidente en funciones está convirtiendo la gestión de su investidura –que se produjo en su día por una moción de censura «destructiva más que constructiva», como señala la Constitución, y no tras ganar unas elecciones en aplicación del artículo 99–, está dañando la eficacia del sistema que garantiza la estabilidad institucional. Acreditar que la palabra de una persona no tiene valor, impide establecer con ella una relación fructífera basada en la previa confianza en su sinceridad y fiabilidad, aún desde la discrepancia política. Si esa persona, además, aspira a ser elegida Presidente del Gobierno de España, el riesgo para el bien común de la nación es inasumible, tanto para sus eventuales socios, como para la mayoría de la ciudadanía y –lo que es particularmente grave–, para las relaciones con los dignatarios de otros países. Lo sucedido en relación a los dirigentes separatistas condenados o huidos, más allá de disquisiciones jurídicas, es una bofetada a la soberanía y dignidad nacionales. El entusiasmo del mundo separatista contrasta con la desolación del resto de españoles. Es inadmisible ver al eurodiputado Puigdemont riéndose de los españoles, y compitiendo con ERC en ello. Que Sánchez pretenda conseguir su ambición política apoyándose en ese mundo político, es sencillamente inaceptable. Por mucho menos que esto someten a Trump a impeachment. En España es el artículo 102 CE.