Reformas que no necesitamos

Siempre he creído en el fortalecimiento de las instituciones como remedio para superar los embates que persiguen la erosión del Estado de Derecho. Pero no un fortalecimiento en el sentido de estructuras graníticas que infundan miedo, sino instituciones que, por su propia solidez, inspiren la mayor confianza. Convence más el argumento que emana de aquel a quien se presupone sabiduría y alcance sus conclusiones tras pausados procesos de reflexión, que aquel que procede de quien despierta temores reverenciales. La clásica distinción entre «auctoritas» y «potestas». El paso del tiempo sirve para distinguir entre una y otra cosa.

En Cataluña llevamos tiempo observando como el proceso independentista persigue desgastar las instituciones del Estado. Aunque quizás hayan conseguido desprestigiar antes las instituciones consideradas «afines» a sus propósitos, que las «enemigas», que no son otras que las que han permanecido más fieles al Estado de Derecho durante los últimos años: Corona y Poder Judicial.

El problema es que lo que hasta ahora parecía circunscribirse a Cataluña, se empieza a contagiar al resto de España. La expresión «presos políticos» no solo la escuchamos ya a representantes catalanes, también la oímos de quienes ocuparán altos cargos en el Gobierno. Los ataques a la Corona y al Poder Judicial han dejado de ser monopolio de ciertos partidos autonómicos, para ser compartidos por líderes nacionales. Y desgraciadamente esos ataques no son casuales– tampoco lo fueron entonces–, sino que cumplen un objetivo, desacreditar a ciertas instituciones, con un fin último, justificar su reforma.

Me estoy refiriendo a uno de los cuatro puntos dedicados a la Administración de Justicia pactados por el Gobierno de coalición, modernizar el sistema de acceso a la carrera judicial. La prioridad es modificar el sistema de oposiciones a la judicatura. La forma de elegir a los jueces, compartiendo un viejo anhelo del independentismo, acaso para lograr jueces afines. Ninguna mención al sistema de elección de vocales del CGPJ. O al establecimiento de un sistema de carrera profesional objetivo para acceder a cargos relevantes en la justicia. Como tampoco a la situación de los jueces en Cataluña. Las verdaderas necesidades del Poder Judicial son nuevamente orilladas por aquellos a quienes garantizar y fortalecer la independencia judicial no parece una preferencia.

Se equivocan, la justicia no necesita de nuevas (o viejas) fórmulas de selección de sus miembros. Lo que necesita es que se realicen reformas que sirvan para fortalecer la independencia judicial y preservar la apariencia de la misma. Las que permitan que la justicia sea más segura, más eficaz. No se consigue eligiendo a jueces por su ideología, sino apuntalando las instituciones del Estado de Derecho. Las instituciones no solo sobreviven a las personas, también a los gobiernos.