Sánchez venezolaniza la Justicia

Pablo Iglesias, el subordinado del narcodictador Nicolás Maduro, sabe muy bien cuál es el modus operandi perfecto para convertir un país en una tiranía con apariencia de democracia. Lo primero, y muy obvio, es seguir convocando elecciones en las que se puede presentar la oposición. Basta con quemar las papeletas de los partidos democráticos o dar el cambiazo para ganar sistemáticamente. El siguiente paso es tan recurrente en los sátrapas como efectivo en el plano práctico: controlar a la Justicia, eso sí, siempre bajo la apariencia de separación de poderes. El asesino al que Satanás tenga en su gloria, Hugo Chávez, llegó al poder en diciembre de 1998. Pronto certificó que el Supremo iba a su aire, que cuando el Gobierno tenía razón, se la daban, y que cuando no era así, se la quitaban sin miramientos. El tan célebre como repugnante «¡exprópiese!» con el que el tirano iba por Caracas robando propiedades a diestro más que a siniestro se trasladó al ámbito judicial. Harto de que el Supremo fuera justo, optó en 2004 por aprobar una ley que reformaba el Alto Tribunal. Consecuencia: los magistrados incómodos acabaron en la calle. La invasión prosiguió en todos los escalones y cientos de jueces y fiscales fueron obligados a dejar la carrera. Lo de España no es, de momento, tan bestia, pero vamos por el mismo camino. El nombramiento de la sectaria a la par que incompetente Dolores Delgado, en una suerte de puerta giratoria que va del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, es la prueba del algodón del derrotero que está tomando este poder del Estado. Con 120 diputados, Pedro Sánchez se comporta de manera más autocrática que el Felipe González de los 202, el Aznar de los 185 y no digamos ya que el Rajoy de los 186. No queda ahí la cosa: el golpe definitivo a la independencia judicial será más sutil que en Venezuela y, tal y como ha anunciado el ministro Campo, vendrá por reformar la Ley de Enjuciamiento Criminal para que los fiscales asuman la instrucción de los casos apartando a los jueces de esta función. Consecuencia: el Gobierno, que es quien manda en la Fiscalía [Sánchez dixit], será quién decida en última instancia a quién se persigue penalmente y a quién no. Consecuencia de la consecuencia: la división de poderes se habrá ido a tomar viento. Consecuencia al cubo: estaremos más cerca de Venezuela.