El Gobierno de PSOE-Podemos prohibió ayer que las empresas puedan apelar a causas económicas, organizativas, técnicas o de producción para justificar un ajuste permanente de sus plantillas. Como expresó la propia ministra del ramo, Yolanda Díaz, ninguna compañía podrá despedir a ningún trabajador alegando como excusa el coronavirus. Si alguna firma necesita prescindir de algún empleado, tendrá que rescindir su contrato a través de la figura del despido improcedente (el cual conlleva aparejada una elevada indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades) en lugar de con la figura del despido por causas económicas (cuyo coste es de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades). Alternativamente, si una compañía no quiere o no puede asumir tan desproporcionado desembolso, no tendrá otro remedio que utilizar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (los famosos ERTE), el cual –no lo olvidemos– conlleva aparejada la obligación de reincorporar a los trabajadores afectados una vez haya pasado la situación excepcional que lo justificaba. Lo que busca el Ejecutivo, pues, es que, por mucho que a corto plazo se destruyan cientos de miles de empleos por la crisis sanitaria, todos ellos vuelvan a crearse rápidamente una vez la situación se haya normalizado: suspensión del puesto de trabajo y posterior reactivación en V. Pero, el problema, es que la situación económica no se habrá normalizado una vez lo haya hecho la situación sanitaria. Cuando hayamos derrotado a la epidemia –y no es algo que claramente vaya a suceder en el corto plazo–, las secuelas económicas persistirán. A la postre, el hundimiento de nuestra economía será tan profundo que las empresas se descapitalizarán de manera muy importante y, por consiguiente, no podrán cargar sobre sus hombros con plantillas tan voluminosas como las actuales. Si se las impide redimensionarse a un tamaño que sí puedan costear, entonces su descapitalización será todavía más acusada que la actual y, como resultado, los despidos futuros serán mayores que los que hoy se habrían producido. Si tenemos un tejido empresarial debilitado, no tiene absolutamente ningún sentido que lo debilitemos todavía más con este tipo de normativas intervencionistas. Para tratar de maquillar las cifras de empleo durante los próximos meses, los socialistas las están poniendo en riesgo para los próximos años. El Gobierno, como tantos otros mandatarios occidentales, se mueve como un pollo descabezado en medio de una crisis que lo ha desbordado por todos lados. En lugar de estar poniendo palos en las ruedas de la recuperación, deberíamos estar facilitándosela a todas las empresas. Por desgracia, la incompetencia gubernamental la sufriremos todos los españoles.