Pedro Sánchez tiene por costumbre anunciar nuevas medidas sobre el Covid-19 que luego sus colaboradores se ven obligados a matizar o concretar al detalle. Digamos que primero hay un mensaje político previo consistente en rebajar dentro de lo posible el desastre que ha supuesto la expansión de coronavirus en España, en vidas y en el confinamiento que ha paralizado –o hibernado, le gusta decir– la economía. El pasado sábado, anunció una nueva etapa en la desescalada que permitirá que la población salga a pasear con quien conviva –¿cuántos?– y practicar deporte al aire libre –aunque los parques y zonas verdes sigan cerrados o precintados– en solitario a partir del 2 de mayo. Pero a continuación matiza que todo lo anterior se podrá hacer si la pandemia lo permite y siempre que esté suscrito por una orden del Ministerio de Sanidad. Ayer, se aplicó la primera medida permitiendo que los niños salieran a la calle acompañados de adultos.

Es pronto para valorar si se cumplieron las normas establecidas –mascarillas, medidas de protección, guardar las distancias, cumplir los horarios–, y no vale una pura apreciación personal, pero pronto deberíamos tener resultados de esta experiencia. Lo único cierto es que se está afrontando la salida de la población de sus casas sin la existencia de una vacuna, ni pruebas que nos garanticen que el virus dejará de circular y ante la advertencia de los especialistas de que puede haber un rebrote. Los datos de ayer nos permiten ser optimistas, pero sólo en la confirmación de que el sacrificio en víctimas está en descendencia. El sábado se registraron 288 fallecidos, el dato más bajo desde el 21 de marzo –con 324 e inicio de la escalada–, lo que suponen 90 menos que el viernes. La cifra total asciende a 23.190, lo que sigue situándonos como el país con más muertes por población. Pero el Gobierno sigue siendo contradictorio en su mensaje, suponemos que más motivado por cómo está afectando la crisis a su credibilidad y efectividad y a la propia imagen de Sánchez, que, por más apariciones que haga los sábados por la noche, ni tiene capacidad comunicativa, ni siquiera sabe muy bien qué quiere contar. Por un lado, mientras el responsable del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Fernando Simón, anteponía cuatro medidas imprescindibles para iniciar el proceso de retomar una mínima actividad pública, el Gobierno, a través del ministro de Sanidad, Salvador Illa, adelantaba que las personas mayores también podrían salir a partir del 2 de mayo, aunque auguraba que iba a haber otra prórroga del estado de Alarma, una merma de derechos civiles que sólo puede ser justificada por el hecho de que el virus siga sin control. Demasiados mensajes a la vez, pero ninguno claro y efectivo. Simón expuso ayer que tiene que haber unas condiciones mínimas para levantar el confinamiento en el grado que sea. Por un lado, capacidad para detectar casos sospechosos para poder aislarlos, aunque todavía seguimos dependiendo de los análisis de PCR, los más efectivos pero que requieren personal cualificado y cuatro horas para su realización, y no existen los test masivos prometidos tan sencillos de hacer como una medición de glucosa. Añadió que es necesario un refuerzo de la capacidad de asistencia sanitaria, cuando no existen los EPI (equipos de protección individual), mientras el 20% de los contagios es personal sanitario.

Si algo nos ha enseñado esta crisis es que es necesaria una coordinación centralizada y que la administración autonómica puede ser eficaz para aplicar determinadas medidas, pero no las de asegurar el libre movimiento de las personas. Es decir, no pueden aplicarse criterios administrativos para frenar el virus, sino geográficos. Tarragona, con 228 contagiados, tiene más que ver con el perfil de Teruel o Castellón que con Barcelona. Es necesario, por lo tanto, dejar criterios estrictamente políticos –casi electorales– y aplicar los sanitarios.