Gonzalo Bernardos, economista: “En España sale más a cuenta ser okupa que propietario de una vivienda”

El fenómeno okupa sigue al alza en España como demuestran los datos de 2024. Los delitos por allanamientos y usurpación de vivienda en España aumentaron un 7% el pasado año, con 16.426 casos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero lo más preocupante no es esa cifra. La mayoría de los casos no se consideran okupaciones delictivas al haber un contrato previo de por medio aunque los inquilinos se queden en la vivienda sin pagar nada. Este grupo son conocidos como inquiokupas.

Muchos de ellos se ven en posición de exigir e incluso lanzan peligrosas amenazas: "Como le pase algo a mi hijo, yo voy presa, pero esa va muerta". Esto provoca el temor de los propietarios, que además de verse claramente perjudicados económicamente, se sienten bajo amenaza física. El debate sobre cómo afrontar la okupación cada vez es más recurrente en todas las esferas y el último en manifestarse ha sido el economista y profesor titular de Economía de la Universidad Barcelona Gonzalo Bernardos.

La dificultad para desalojar, el principal problema

Este economista analizó el fenómeno de la okupación, dejando claro el principal problema: "La okupación constituye un magnífico negocio". Explica que beneficia a quienes la practican y a las empresas dedicadas a liberar los pisos. También explica que otro de los grandes problemas es que no se muestra el número total de casos ya que las cifras oficiales no incluyen las mencionadas inquiokupaciones, que son las más repetidas en nuestro país en la actualidad.

Gonzalo Bernardos es muy crítico con el panorama actual: "Es una vergüenza que los propietarios, en su inmensa mayoría pequeños tenedores, no puedan desahuciar a los morosos y tengan que pagarles los recibos de agua, gas y electricidad", afirma. Los propietarios tienen que pagar los suministros a los okupas y no pueden cortarlos, salvo en Barcelona, donde los jueces de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona, en un acuerdo de unificación de criterios, han dispuesto que si el propietario de una finca ocupada decide no mantener "el alta de los suministros o el abono de los mismos" no será considerado un delito de coacciones.

Un problema legislativo

"España en materia de ocupación la legislación es una excepción dentro de Europa, donde el proceso de desalojo es mucho más rápido", añade. A su modo de ver, se está enfocando mal el problema por el siguiente motivo: "Proteger al propietario es proteger al inquilino". Argumenta que una mayor seguridad para el propietario provocaría un aumento de la oferta y una reducción de precios. Sin embargo, explica que se prioriza un "derecho a la vivienda absolutamente etéreo".

Apunta directamente a algunos partidos políticos y recuerda que la propiedad privada es un derecho "explícitamente reconocido en la Constitución". Se moja sobre la opinión de los dos partidos mayoritarios en este ámbito: "El PP va en una mejor dirección que el PSOE". Sin embargo, reconoce que "ideológicamente es más cercano a un PSOE tradicional". Dada la situación, es muy contundente: "Sale más a cuenta ser okupa que propietario de una vivienda".

Tres soluciones para acabar con los okupas

Tras hacer una radiografía de la okupación en España, se lanza a proponer distintas soluciones, recogidas por 'El Periódico', que deben ser de una manera concreta: "De trazo fino y no de trazo grueso". El economista explica qué tres podrían ser eficaces:

• Aumentar el número de personas trabajando en urbanismo en los ayuntamientos.
• Tomar medidas no populares: Propone que la Administración pública, "aunque le cueste votos", avale a los promotores para que los bancos financien una parte sustancial del suelo y permitan construir más viviendas.
• Bajar los impuestos a los compradores.