El «sin vivir» del rebrote

Pegados a los informativos de radio y televisión o a las informaciones de prensa, mientras ponderamos pulsar… o no el botoncito del «play» a una, si acaso testimonial, escapada veraniega andamos en la media España más castigada por la infección y en la otra media temerosa de ser objeto de más serios contagios procedentes de la anterior, con una inédita mosca postveraniega tras la oreja, que no deja de zumbarnos a propósito de esa espada de Damocles que representa la más que certera posibilidad de que el covid-19 continúe reapareciendo en forma de rebrotes puntuales, o lo que sería peor, materializado en una nueva oleada de la pandemia plantándose sobre nuestra temerosa salud y nuestra renqueante economía con toda crudeza y de manera inmisericorde. Es difícil incluso encontrar una sola autoridad que se no ponga por delante en su discurso esperanzador mirando al futuro y a una relativa vuelta a la normalidad, la recomendación de extremar todas las precauciones ante ese posible regreso de la tragedia en cualquier otra forma o magnitud.

Lo ocurrido hace días con el rebrote de Pekín, o lo sucedido en Alemania, a lo que se han añadido los casos más cercanos en nuestro territorio, ha hecho saltar las alarmas desde el punto de vista social, pero sobre todo -y esto resulta especialmente indicativo- ha servido para que la «autoridad política competente» lance primeros avisos a navegantes. Especialmente indicativa era hace días la afirmación del ministro de Sanidad preguntado en Tv3 a propósito de si el gobierno tiene un plan «A» y además un plan «B» ante otra seria oleada de la pandemia, Salvador Illa no deja lugar a las dudas, habría que volver a plantear un nuevo estado de alarma, algo que reabría de punta a punta el debate sobre las no pocas dudas jurídicas que acarrrea la medida. Lo afirmado por la vicepresidenta Calvo la semana pasada en la misma dirección pudo ser de todo menos gratuito. Llegados a este punto, lo que resulta difícilmente entendible es que todo un poder legislativo representado en las principales fuerzas políticas no se haya puesto a la tarea de modificar leyes actuales o, si es preciso, promulgar otras nuevas de acuerdo con lo que requiere el reto de la pandemia, para conjugar elementos que no siempre tienen que ser antagónicos como son la seguridad y la salud de los ciudadanos y la garantía de sus libertades y derechos constitucionales. Aun así y con todo cabe recordar que España ya tiene unos resortes jurídicos con los que afrontar la amenaza sin necesidad de recurrir a un estado de alarma que no es ni mucho menos el único y exclusivo instrumento. La principal alternativa pasa en este momento, dado que no se han cambiado ni se han agilizado nuevas normas jurídicas, por la ley general de salud pública y por la propia ley de seguridad nacional cuyos contenidos son claros y meridianos a la hora de garantizar medidas contra la pandemia sin restringir derechos fundamentales. Ergo crucemos dedos, porque si siguen los rebrotes… ¿sigue sin haber plan «B»?